Dignidad y Justicia llevará a la Audiencia la marcha de apoyo a Herrira

La Razón
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Dignidad y Justicia (DyJ) denunciará en la Audiencia Nacional a los 18 imputados de Herrira –la plataforma de apoyo a los presos de ETA cuyas actividades han sido suspendidas durante dos años por el juez Eloy Velasco– por incumplir las medidas cautelares que les impuso el magistrado. La asociación entiende que al participar el pasado sábado en la manifestación de Bilbao en protesta por la operación policial contra Herrira, los imputados no han acatado el auto judicial en el que Velasco les prohibía «participar en actividades» de la asociación suspendida «o de entidad que la sustituya», recordándoles que, de hacerlo, se acordaría la comparecencia que regula el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una vista en la que se revisan las medidas cautelares impuestas y se decide sobre su posible ingreso en prisión).

El propio magistrado ya dejaba claro en los autos de prisión y libertad acordados que «en caso de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas» (entre ellas la prohibición de salir de España y de participar en actos de enaltecimiento a presos de ETA) «su situación de libertad podrá ser variada de inmediato».

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, aseguró ayer a este periódico que en las próximas horas solicitará ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la personación en el procedimiento y la celebración de la citada vistilla para decidir sobre la situación de los imputados «por el incumplimiento de las medidas cautelares». «No se puede permitir –se quejó Portero– que, nada más dictar un auto de suspensión de actividades, los imputados ignoren la resolución de la Audiencia Nacional». Para el presidente de DyJ Herrira «es una sucesión clara de una organización terrorista y debe impedirse cualquier acto que pretenda asumir sus actividades ilícitas burlando la decisión judicial».

En su resolución, el juez Velasco tachó de «pública y evidente» la asunción de las actividades de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna por parte de Herrira, encargada de «llenar el hueco» de ambas plataformas de apoyo a los presos de ETA. Pero su función, según el magistrado, iba más allá «del mero control del colectivo de presos» y de las estructuras sociales que les respaldan, «integrando la ETA misma» junto a los frentes «militar y de infraestructuras».

El juez cree que Herrira se encargaba de modo «exclusivo y prioritario» de planificar, convocar y «dar el soporte organizativo necesario» a la celebración de actos de homenaje a presos de la banda «que no se arrepienten de sus crímenes» para «escarnio» de las víctimas.