Política

Caso UGT

El abogado del ex tesorero de UGT cobró 3.000 euros al mes con cargo a la Junta

El sindicato endosó minutas a programas de formación

Federico Fresneda estuvo en el puente de mando de la UGT-A desde el congreso regional de marzo de 1998 hasta mayo de 2013. Es uno de los principales implicados en las irregularidades
Federico Fresneda estuvo en el puente de mando de la UGT-A desde el congreso regional de marzo de 1998 hasta mayo de 2013. Es uno de los principales implicados en las irregularidadeslarazon

El que que fuera tesorero y secretario de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, detenido en la segunda fase de la «operación Cirene» junto a otras 15 personas, recurrió al abogado Luis López de Castro cuando se vio acorralado por el escándalo de las facturas falsas. Los pinchazos telefónicos señalan las continuas conversaciones y reuniones entre Fresneda y este letrado. Cundió la urgencia para trazar una estrategia de desvinculación de un grupo de empresas del holding de la UGT-A en las que aparecía el ex tesorero del sindicato. Luis López de Castro Martín fue el que asistió a Fresneda cuando declaró el pasado 29 de junio ante el juez Juan Jesús García Vélez. Y resulta que López de Castro trabajó durante años para la UGT-A, a la que le pasó minutas mensuales que rondaron los 3.000 euros y que acabaron con cargo a subvenciones finalistas de la Junta de Andalucía, según lo acredita documentación en poder LA RAZÓN al margen del sumario.

Llama la atención que la Unión General de Trabajadores recurriera a los servicios permanentes de este letrado cuando toda la asistencia jurídica se ha canalizado en el sindicato a través de la Fundación Sociolaboral de Andalucía (FSLA), en el punto de mira de la investigación de la Guardia Civil por fabricar facturas a medida, según se recoge en el extenso sumario del caso. Las minutas pagadas a López de Castro tenían una periodicidad mensual, según ha podido comprobar este periódico, pese a que estaban adscritas, teóricamente, a acciones concretas de ayudas finalistas de la Junta. Concretamente, la factura que se reproduce junto a estas líneas es de febrero de 2011, asciende a 2.950 euros y, como puede comprobarse, tiene sello de registro de la Junta de Andalucía. La numeración «1005/10» del expediente hace alusión al programa al que se carga: el Plan de Formación Intersectorial. Hay que recordar que a este plan UGT ha endosado numerosos gastos que nada tenían que ver con la formación laboral. Como ejemplo, un botón: a los planes sectoriales e intersectoriales de formación de 2006 el sindicato cargó 400 relojes y 200 bolígrafos de plata, como adelantó en su día LA RAZÓN.

Otras facturas presentadas por López de Castro a UGT acabaron endosadas al programa de Organización Sindical, asimismo objeto de presunta malversación de fondos. En este caso, la minuta mensual también es fija, aunque asciende a 2.525 euros. No obstante, el bufete López de Castro Abogados presentó el 1 de julio de 2008 una minuta por «los meses de atrasos de enero a junio» de ese año por valor de 32.825 euros.

La asistencia letrada de López de Castro no se ha limitado a acciones relacionadas con los programas finalistas de la Junta a los que UGT-A endosó las minutas. Es la persona a la que recurre Federico Fresneda cuando, en noviembre de 2013, se ve acorralado y trata de desligarse de los consejos de administración de Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura. Geosur, presidida por el ex alcalde socialista de Sevilla Manuel Del Valle promovió una urbanización en Jerez que supuso la pérdida de ocho millones de euros. «Ayer estuve reunido con Luis (López de Castro) y me dijo que había que quitarme tanto de lo de Manolo del Valle como de lo nuestro», le dijo Fresneda a Enrique Goicoechea, consejero de Soralpe. En otra conversación telefónica es Fresneda el que le dice a López de Castro que «no podemos esperar» y que tiene que desvincularse ya del holding empresarial, pese a la estrategia más pausada que proponía el consejero de Soralpe.

El caso de las facturas falsas de UGT-A lo instruye el juzgado número 9 de Sevilla. Hasta marzo de este año estuvo en poder de la juez Mercedes Alaya, que fue quien ordenó los pinchazos telefónicos y dio el gran empujón a las diligencias.