El CGPJ pide respeto a la libertad de expresión

Son los jueces quienes deben limitar esa facultad, «pieza clave en nuestro Estado» de Derecho.

La incautación de ordenadores y teléfonos móviles a dos periodistas de la agencia Europa Press y del «Diario de Mallorca» para investigar una la filtración de una información sobre el «caso Cusarch» continúa provocando un reguero de reacciones críticas a la decisión del juez que avaló la Fiscalía. Si hasta ahora las críticas venían del ámbito periodístico, ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió en defensa de la libertad de expresión, aunque sin hacer mención alguna a la citada decisión judicial.

La Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces y magistrados analizó ayer el escrito presentado por más de 600 periodistas en el que se expresa la «alarma» por el ataque a la libertad de información que supone la incautación de herramientas de trabajo indispensables para el ejercicio de la profesión periodística, así como su «intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión» en el derecho a la libertad de expresión y secreto profesional.

En este sentido, el CGPJ , tras asegurar que «comprende la preocupación» de los periodistas por esos hechos, sale en defensa de los derechos constitucionales a transmitir y recibir una información veraz, así como al secreto profesional; derechos que «se constituyen en pieza clave de nuestro Estado Social y democrático de Derecho». Por ello, el Consejo manifiesta su «compromiso y defensa» con el mencionado derecho constitucional a la libertad de expresión.

Sin embargo, el Consejo destaca a la vez que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales en el seno del proceso que tengan abierto, establecer el «alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección». «Constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes», añade al respecto el CGPJ; por lo que, añade en este punto, una vez que un juez ha adoptado una resolución judicial, como fue la incautación de ordenadores y móviles a los periodistas en cuestión, «no le cabe al Consejo interferir para modificar su contenido», ya que lo contrario supondría una intromisión ilegítima en la potestad jurisdiccional, algo que resulta «incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales».

Por eso, recuerda que «sólo a través de los cauces procesales adecuados podrían los profesionales que se han dirigido al Consejo plantear si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados».

Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) exigió ayer la devolución del material requisado a los periodistas, a la vez que pidió a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones «coercitivas». Así lo solicitó al adherirse al comunicado promovido por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad.

Concentración ante el TS

Junto a ello, bajo el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», el colectivo de periodistas se concentrará hoy en las proximidades del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional –y a unos pocos metros de la sede del CGPJ– para protestar contra la actuación judicial que ordenó requisar el material de trabajo de los dos periodistas de Palma de Mallorca que investigaban el «caso Cursach».