El CGPJ y la Fiscalía creen que deben revisarse algunas tasas

La implantación de las nuevas tasas judiciales vino acompañada ayer de una nueva oleada de críticas sobre su idoneidad y la proporcionalidad de su cuantía. Todas las asociaciones de jueces y fiscales aprovecharon su entrada en vigor para hacer pública una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que piden su mediación ante la que califican de política de «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En esa misiva, insisten en que las «cuantías desproporcionadas» de las tasas «atentan» contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Horas antes, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, avisó –en su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso– de que el órgano de gobierno de los jueces estará atento a la aplicación de las tasas al reconocer que pueden existir «problemas de proporcionalidad», informa Efe.

En esa misma línea, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmaba en una entrevista a la Cadena Ser que algunas de esas tasas son «excesivas», por lo que en su opinión podrían «dificultar el acceso a la Justicia».

Y todo en el mismo día en que al Tribunal Constitucional (TC) llegaba el primer recurso de amparo contra la Ley de Tasas Judiciales, impulsada por la asociación de abogados Ius et Fides, y al mismo tiempo que un Parlamento autonómico, el navarro, aprobaba, a través de su Junta de Portavoces, sendas declaraciones institucionales rechazando su aplicación, respaldadas por todos los grupos políticos a excepción del PP.

En el comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales, éstas echan en cara a Ruiz-Gallardón que esté sacando adelante «sin consenso» una «indeseable avalancha» de reformas legislativas, «despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos». En el documento achacan esas reformas a la intención de «cercenar la división de poderes y quebrantar la independencia judicial». No sólo arremeten contra las tasas, sino también contra el «endurecimiento innecesario» del Código Penal y la «falta de modernización» de la Administración de Justicia.

Las asociaciones piden a los grupos políticos que voten en contra o se abstengan en la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según denuncian se ha impuesto «mediante un ejercicio de fuerza». Del mismo modo, reclaman a Rajoy que asuma «un compromiso real» en defensa de la Administración de Justicia.

La entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales –con las que el Ministerio insiste en que conseguirá acabar con los recursos abusivos y financiar de paso los costes de la Justicia gratuita– también fue contestada por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que asegura que la iniciativa afectará a más de 300.000 autónomos que tendrán que «pensarlo dos veces a la hora de reclamar judicialmente las deudas a las administraciones».