El Congreso solicita volver a la ley de «la patada en la puerta»

La Comisión de Interior del Congreso da luz verde a una iniciativa en la que se insta al Gobierno a derogar las denominadas «devoluciones en caliente». Todos los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han votado a favor de su derogación.

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado, con los únicos votos en contra del PP y del diputado de UPN, solicitar al Gobierno que derogue la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana para que se vuelva al texto anterior, la norma de 1992 conocida como "ley Corcuera"o de "la patada en la puerta".

Tras una negociación entre el grupo proponente, ERC, que pedía derogar el texto aprobado hace ocho meses -la bautizada como "ley Mordaza"- y el PSOE, finalmente se ha acordado la siguiente redacción de la iniciativa: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la reforma de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015".

Según han explicado a Efe fuentes socialistas, el objetivo es volver a la ley de 1992 porque las fuerzas de seguridad no pueden quedarse sin un instrumento legal para llevar a cabo su trabajo.

Devoluciones en caliente

Por otra parte, la Comisión de Interior, ha dado luz verde a una iniciativa en la que se insta al Gobierno a derogar las denominadas "devoluciones en caliente", una medida recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana que ampara la devolución sumaria a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla bajo la figura jurídica del 'rechazo en frontera', puesta en marcha en abril de 2015.

Así, los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han apoyado una proposición no de ley que ha promovido en primera instancia ERC, y que ha sido pactada con el PSOE. La votación se ha saldado con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, Compromís, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de Ciudadanos y PP.

En ella, se insta al Gobierno a "paralizar de manera inmediata las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, por considerar dichas prácticas no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado el ACNUR y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros".