El derecho a la información en otros países

Estados Unidos: La doctrina de Donald Trump

Las declaraciones de Carmen Calvo no sorprenderían en EEUU. Donald Trump dice cosas similares desde hace años. Con la disculpa de las posibles difamaciones, aspira a potenciar las leyes antilibelo y, de paso, acotar la Primera Enmienda de la Constitución. Que entre otras cosas protege la libertad de prensa. Esto que dijo durante un mitin en Fort Worth, Texas, en 2016: «Una de las cosas que haré si gano (...) será discutir nuestras leyes contra difamación para que cuando escriban artículos deliberadamente negativos y horribles y falsos, podamos demandarlos y ganar mucho dinero (...) Así, cuando 'The New York Times' escribe un artículo de éxito que es una desgracia total, podremos demandarlos y ganar dinero en lugar de no tener ninguna posibilidad de ganarles porque están totalmente protegidos». Ah, las semejanzas no acaban aquí: cuando Pedro Sánchez amenazó por burofax con demandar a los periódicos que informaban sobre su tesis doctoral también seguía la doctrina Trump. Recuerden que los abogados del presidente de EE UU, en un movimiento inédito, prometieron denunciar a los editores del periodista Michael Wolff si publicaban su libro «Fuego y furia: en las entrañas de la Casa Blanca de Donald Trump». Pero en EE UU, para que el autor y/o los editores de una información sean condenados por difamar a un cargo público no basta con que la información sea falsa, debe ser también maliciosa.

Italia:La necesidad de «purificar» la Prensa

En Italia, el vicepresidente Luigi Di Maio, prometió este mes aplicar una ley para que «los editores sean puros y los periodistas libres». El Movimiento 5 Estrellas (M5E), la formación de Di Maio, arrastra una desconfianza crónica hacia la Prensa. Pero el arranque de su líder se produjo después de las condenas por parte de los medios a la crisis tras el desplome del puente de Génova, ya que el Ministerio de Infraestructuras está controlado también por el M5E. Según Di Maio en esas informaciones no había suficiente dosis crítica hacia la familia Benetton, propietaria de la compañía que gestiona las autopistas y uno de los mayores anunciantes en la prensa italiana. De ahí que el objetivo último del vicepresidente sea recortar las inversiones de empresas estatales en anuncios en prensa. «Estamos de frente a la propaganda del establishment, que se funda sobre las contribuciones públicas enmascaradas, como la publicidad por parte de concesionarias del Estado», escribió en su página de Facebook. El líder del M5E defiende que con una ley de este tipo los periodistas podrían «investigar sobre todas las corruptelas de los empresarios» y de paso «purificar» el sector. De un lado, Di Maio ataca a una compañía enemiga; y de otro golpea a la prensa, con la que el M5E ha mantenido tradicionalmente una relación más que tirante. Entre los objetivos preferidos de su fundador, Beppe Grillo, siempre han estado los medios, vistos como un elemento más del poder establecido.

Bruselas: Sin precedentes en Europa

Calvo se refirió ayer a que las nuevas medidas legislativas para, de facto, recortar la libertar de expresión deberían tomarse «a nivel europeo». Lo cierto es que en el último tramo de la legislatura europea, el ejecutivo comunitario ha propuesto varias iniciativas que –aunque no tienen como objeto limitar la libertad de expresión– pueden introducir algunos interrogantes sobre la aplicación de este derecho. Bruselas quiere asegurarse de que ninguna potencia exterior, como por ejemplo Rusia, pueda interferir en los próximos comicios europeos. Por eso, propone crear una red europea de lucha contra campañas de propaganda que se encargue de detectar amenazas y dar una respuesta eficaz. Además, los partidos políticos tendrán que hacer público su gasto en campañas de publicidad en internet y se castigará con un 5% de su presupuesto anual a las fuerzas que no respeten los datos personales con el fin de influir en los el electores. Otra de las propuestas más importantes de la Comisión Juncker consiste en obligar a las plataformas de internet como Google o Facebook a la retirada de aquellos contenidos que supongan un enaltecimiento del terrorismo. Los encargados de dilucidar qué es un contenido terrorista son las autoridades nacionales que deben emitir una orden de retirada. Estas plataformas tendrán sólo una hora para obedecer y si no lo hacen, se enfrentarían a multas de hasta el 4% de su volumen de negocio.