El documento de todos

Uno de los aspectos más lamentables de toda la iniciativa independentista, que en los últimos tiempos ha venido siendo promocionada en Cataluña, se reduce a la pretensión de identificar la voluntad soberanista de una parte de la población con un anhelo de todos los catalanes. Es una obsesión recurrente de una parte de los políticos catalanes que no se corresponde con un afán manifiesto y representativo de toda la sociedad catalana. Para comprobarlo basta recordar que, cuando hace siete años, coincidiendo con el inicio de la crisis, los nacionalistas empezaron a intentar institucionalizar el espejismo de sus mitos de independencia, las encuestas indicaban que el mayor o menor autogobierno sólo preocupaba a un cuatro por cien de los catalanes, quienes estaban más inquietos por temas como el paro (55 por cien de interés) o la inmigración y la inseguridad (ambos sobre el treinta por ciento).

La conmemoración del Día de la Constitución, y sobre todo sus números incontestables y evidentes, es cada año una bofetada de realidad para esos políticos partidistas que siguen insistiendo en la falacia de pretender hablar en nombre de todo el pueblo catalán. Lo cierto es que la Constitución de 1978 en algunos de los lugares donde fue refrendada por más amplia mayoría fue en Andalucía y Cataluña, en contra de los augurios nacionalistas que, ya entonces, ensayaban el vicio de confundir sus propios deseos con la realidad. Los hechos son tozudos y uno de ellos, no el menor, es que esa Constitución ha traído a nuestra península el medio siglo más largo de bonanza política, prosperidad y civilidad democrática de toda su Historia. Otro hecho incontestable es que la pervivencia y estabilidad de esos logros constitucionales han emanado del amplio consenso conseguido en su momento. El mecanismo constitucional que nos ha mantenido dentro de Europa, ajustando el paso al progreso del resto de los países del continente, ha funcionado porque en el momento de concebirlo a nadie se le ocurrió la descabellada idea de que aquello pudiera funcionar ignorando a una amplia parte de la población. Para que durara y fuera operativo, debía ser aprobado por mucho más que una exigua mayoría debía ser un documento de todos.

A una gran parte de los catalanes lo que nos preocupa ahora es la baja calidad democrática de los proyectos que nos ofrece nuestro gobierno autonómico. Es fácil comprobar que ese fraude de suplantar la voluntad de la totalidad de un pueblo por el interés de una parte perjudica claramente el componente ético de la educación democrática. Trasladar la libertad y soberanía de cada catalán concreto a un supuesto sujeto colectivo (modelado a conveniencia) es una práctica intelectual y moralmente muy fea. Eso es lo que están haciendo los políticos nacionalistas cuando pretenden hablar en nombre de todo un pueblo y los hechos indican que los catalanes no somos ese pueblo de sus fábulas. Así pues, muchos catalanes, en días como éstos, encontramos refugio tanto moral como intelectual en el espíritu de la Constitución.