El fiscal pide 76 años de prisión para Correa y 40 para el «Albondiguilla»

Según el escrito de la Fiscalía, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla.

El líder de la «trama Gürtel», Francisco Correa, se enfrenta a más de 76 años de cárcel por el saqueo de los fondos públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) desde finales de 1999 hasta 2009. La Fiscalía Anticorrupción acusa a 27 personas –entre ellas, el ex alcalde del municipio, Arturo González Panero, para quien reclama casi 41 años de prisión– por formar parte de una red (que se llegó a autobautizar como la «Sociedad») que a cambio de sobornos consiguió la adjudicación fraudulenta de contratos públicos en el Ayuntamiento madrileño gobernado por el PP. Al igual que ha sucedido en las investigaciones a la trama en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, Anticorrupción considera al PP partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros procedentes de la trama, desconociendo su origen delictivo, una cantidad de la que deberá responder como responsable civil de forma solidaria junto a algunos procesados por diversas adjudicaciones bajo sospecha.

Para ese «apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas», Correa contó con la «esencial colaboración de cargos públicos a los que compensaba con pagos y regalos en especie». En Boadilla se benefició de la «imprescindible participación» de su entonces alcalde, González Panero, «el Albondiguilla», de uno de sus concejales, José Galeote (que se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión), y de los gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales (para quien el fiscal solicita una condena de 39 años de cárcel) y Alfonso Bosch Tejedor, ex diputado regional del PP (23 años y medio de petición fiscal).

El rosario de delitos que la Fiscalía imputa a los acusados es prolijo: tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo, prevaricación y asociación ilícita, entre otros.

Todos los acusados recibieron pagos o regalos por decantar adjudicaciones municipales en beneficio de las empresas de la trama de Correa. Como mínimo, González Panero recibió de la red corrupta 1,8 millones; Martín Morales, 1,3 millones; Bosch, 941.652 y Galeote, 557.609. Correa se llevó la parte del león: 2,1 millones entre 2001 y 2008 por los contratos adjudicados a sus empresas (su margen de beneficio era «notoriamente superior» al de la competencia) y otros 2,7 en comisiones por intermediar ante los cargos públicos en beneficio de sociedades ajenas a su grupo.

Las comisiones pagadas a funcionarios y cargos públicos, en Boadilla y otros municipios gobernados por el PP, y «parte de los fondos destinados a beneficiar al Partido Popular» se repercutían a la Administración, pues se incluían como costes en las facturas. Los servicios prestados eran diversos: congresos, actos de campaña electoral, promoción personal de cargos públicos, etc.

Para canalizar todos esos beneficios ilícitos, la «red Gürtel» urdió una trama de facturas falsas: «infladas» o que reflejaban servicios inexistentes, cuyos excedentes engordaban la «caja B» de Correa. A esa «Sociedad» corrupta se fueron incorporando sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de Boadilla que ponían sus cargos a disposición de la trama. Ese grupo de personas, resalta la Fiscalía, «llegó a dirigir en la práctica la contratación pública en el municipio de Boadilla» (ocasionando un perjuicio a las arcas municipales de al menos cinco millones de euros).

González Panero ocultó esos fondos en sociedades de Madeira, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, efectuó ingresos en cuentas de su mujer y pagó parte de un apartamento en Marruecos.