El futuro de Griñán, en manos del ex interventor de la Junta

Fue durante diez años, de 2000 a 2010, el máximo responsable del órgano de control interno respecto de la gestión económica de la Junta. Y Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, ha recalcado por activa y por pasiva que alertó al Ejecutivo andaluz por los cauces oficiales de los incumplimientos reiterados en el sistema de concesión de subvenciones establecido desde que se aprobara el Convenio Marco de 17 de julio de 2001. Es una de las piezas claves del «caso de los ERE». Por ello, la jueza instructora Mercedes Alaya le ha llamado a declarar como imputado el próximo 25 de julio para que ayude a aclarar si los sucesivos responsables de las consejerías de Empleo, Innovación y Economía y Hacienda conocieron las vulneraciones de la ley, pero no hicieron nada por remediarlo.

Durante años fue un hombre de confianza de José Antonio Griñán, pero paradojas de la vida, de su declaración ante Alaya dependerá en gran medida el futuro del presidente andaluz. Y es que fue el único que alertó de las numerosas irregularidades del sistema. Ahora su actuación está en entredicho. Sobre todo, desde que la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía aprobara un dictamen en diciembre del pasado año que le señalaba por «no haber sido diligente en las advertencias». Le acusaban de no haber realizado el denominado «informe de actuación», que según los tres últimos interventores generales de la Junta y el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas «no procedía». Y él esgrimió que realizó hasta 15 advertencias y las remitió a tres consejeros distintos, incluido el propio presidente andaluz mientras ocupó la cartera de Economía y Hacienda de la Junta. Desde entonces, ha abandonado sus contenidas declaraciones sobre el caso y puede pasar al ataque, consciente de que le quieren utilizar como cabeza de turco para salvar de la imputación al jefe del Ejecutivo andaluz de su responsabilidad en este caso de corrupción.

Prueba de ello es que calificó la trama de los ERE como el «caso de corrupción más importante de la historia de España» y acusó a Griñán de haber «cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE». Casi lo de menos es que se sintiera «agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor» que, a su juicio, lo han utilizado como «pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie». Lo relevante es si dentro de once días se ratificará en estas declaraciones y tirará de la manta, ésta vez ante las preguntas de Mercedes Alaya, que, previsiblemente, también le interrogará por esos 15 informes que entre 2001 y 2009 advirtieron del «empleo inadecuado del expediente de gasto de transferencias de financiación», de la «tramitación de subvenciones vulnerando las normas de ejecución de gasto público», de la «concesión de subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» o de la «generación de obligaciones sin cobertura presupuestaria y vulneración de la ley de la Hacienda Pública».

Vulneraciones

Así por ejemplo, en 2006 alertaba del siguiente incumplimiento: «por parte del órgano gestor de los gastos, al financiar la actuación mediante transferencias corrientes, aplicación 440.51, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 22.6 de la Ley 17/2003 de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2004». Y más tarde indicaba que «se vulnera el título VIII de la Ley 5/1983 general de Hacienda Pública al conceder subvenciones excepcionales, prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo establecido». Todos los informes de la Intervención se dirigieron con acuse de recibo a la entidad auditada, así como a la Consejería de la que dependía el IFA/IDEA y a la Consejería de Economía y Hacienda. Y los diferentes responsables de las Consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda han reconocido que los recibieron, pero no actuaron porque no eran competentes o porque entendieron que las conclusiones eran meras recomendaciones y no vinculantes.

El argumento de que el control financiero no funcionó ha servido de excusa en el Ejecutivo andaluz. Pero lo cierto es que sí funcionó. De hecho, se alertó de irregularidades en seis informes de cuentas anuales (2001, 2002, 2003, 2006, 2007 y 2009); en otros tantos dictámenes de cumplimiento (de 2001 a 2009), así como en informes sobre la tramitación (2001, 2002, 2003 y 2004) y concesión de subvenciones (2003, 2004 y 2007). Incluso se envió un informe especial sobre los convenios, que se envió al IFA/IDEA, a la Consejería de Innovación, a la de Empleo y a la de Hacienda.

«Griñán debió coger el extintor de los ERE»

El ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, fue también protagonista de la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento de Andalucía. De hecho, después de comparecer y explicar que alertó en múltiples ocasiones a los dirigentes socialistas, remitió un escrito ampliatorio en el que tiró con bala. «Si alguien debió coger el extintor para apagar el fuego de los ERE, ése era precisamente Griñán, como consejero de Hacienda», decía el texto, antes de añadir que «culpar a la Intervención sería, a su juicio, infame y grotesco». Pero éstas no fueron las únicas afirmaciones de Gómez en su escrito de 63 páginas, que tenía como objetivo «despejar cualquier sombra de sospecha sobre el papel de la Intervención», así como «precisar, aclarar y rebatir» cualquier interpretación equivocada. Respecto al informe de actuación que le exigieron, lo calificó de «improcedente», puesto que era IDEA la que estaba siendo objeto de la auditoría y estaba fuera del ámbito de dicho informe.