El Gobierno agilizará la instrucción judicial para evitar «casos Barberá»

Limitar los recursos o que la instrucción se reduzca a lo indispensable para ir a juicio, algunas de las medidas previstas.

Rajoy y Cospedal a la llegada al funeral ayer en Valencia
Rajoy y Cospedal a la llegada al funeral ayer en Valencia

Limitar los recursos o que la instrucción se reduzca a lo indispensable para ir a juicio, algunas de las medidas previstas.

El «caso Barberá» ha vuelto a poner encima del tapete el debate sobre la duración de los procesos y la necesidad de evitar la victimización y la llamada «pena natural», es decir, aquella que sufren los investigados fuera del proceso, ya sea por ataques de contrarios políticos o incluso por medios de comunicación, especialmente en aquellos casos en los que está inmerso cualquier persona relevante del ámbito político, social o económico, que son quienes más expuestos están ante la opinión pública. Por ello, el Gobierno y, en concreto, su ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene como objetivo central de esta legislatura abordar una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incida especialmente en dos aspectos: como prioridad absoluta, agilizar la instrucción de los procedimientos, y junto a lo anterior, incidir en la protección de los derechos de las personas sometidas a una investigación judicial.

De hecho, en el pacto suscrito entre PP y Ciudadanos establece acordar las medidas necesarias para «modernizar nuestras leyes procesales, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos, para potenciar, sin menoscabo de las garantías, la agilidad y eficacia en los procedimientos». Esto es lo que se pretende desarrollar, y para ello será necesario contar también con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE. Las negociaciones para consensuar las medidas que agilicen los procesos ya han comenzado. Por parte del Gobierno, la voz cantante la lleva el ministro Catalá, mientras que en la formación naranja el interlocutor principal es Ignacio Prendes y Juan Carlos Campos lo es por el PSOE. No será fácil llegar a un consenso genérico, pero sí existe el convencimiento, al menos desde fuentes próximas al Gobierno, de que una parte relevante de las medidas a implantar sí contarán con el respaldo parlamentario suficiente para que salgan adelante.

Pero para que esa maquinaria pueda funcionar adecuadamente, se entiende que es imprescindible abordar un cambio en el modelo de investigación. Y en ello, existe un amplio consenso en que la misma se debe pasar del juez instructor al fiscal investigador, quedando los jueces como garantes y protector de los derechos.

Uno de los pilares en los que se trabajará, y que será decisivo para agilizar el enjuiciamiento de las causas, es que la instrucción se acorte lo máximo posible, es decir, que se practiquen las diligencias imprescindibles y que las pruebas se diriman y practiquen directamente en el juicio oral. Esto evitaría que no pocas diligencias se repitiesen, como sucede en la actualidad, a lo largo del proceso.

Esas medidas, el grueso de las mismas y la necesidad de abordarlas y sacarlas adelante, las expondrá el ministro Rafael Catalá en la comparecencia que tendrá el próximo 5 de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Ejecutivo.

Además del trascendental cambio que supondrá el que la investigación la asuman los fiscales, se pretende igualmente reducir el número de recursos que se pueden interponer ante una resolución, lo que igualmente rebundaría en acortar los plazos. La última reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal fijó en seis y 18 meses el plazo máximo de instrucción de las causas, en función de si se catalogaban como «sencillas» o «complejas», respectivamente; pero existe la posibilidad de que esos plazos se puedan prorrogar previa petición de la Fiscalía. Ahora se trata de buscar las medidas para logra que esos plazos sean realmente máximos.

Se trata de evitar que se repitan casos como los ERE, que comenzó en 2009 y cuyo juicio no se celebrará hasta 2017; el de las ITV de Cataluña, donde después de más de tres años de instrucción, el fiscal ya presentó su escrito en junio pasado y todavía no hay ni fecha de juicio; o el del socialista José Blanco, quien tuvo que esperar no pocos años hasta que el Supremo archivó la causa contra él. Quizás por ello, por su «experiencia», hace apenas un mes abogó públicamente por pedir respeto a la presunción de inocencia de Rita Barberá.