Sánchez quiere sacar a Franco a final de año

Moncloa aprueba el decreto para sacar al dictador del Valle de los Caídos: la familia tendrá quince días para decidir el destino de sus restos.

«En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Con la incorporación de este párrafo al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno de Pedro Sánchez inició ayer, tras varios meses de amagos y anuncios sin concretar, el proceso que concluirá con la exhumación de los restos de Franco. Lo que hace este nuevo apartado sobre la ley que redactó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es poner un límite: si sólo las víctimas de la guerra pueden estar enterradas en el Valle de los Caídos, el cuerpo de Franco debe abandonar este lugar y recibir sepultura allí donde decida su familia. La aprobación del decreto en el primer Consejo de Ministros del curso político activa unos plazos administrativos que, según la hoja de ruta de Moncloa, tendrán que haberse cumplido a finales de este año.

El presidente Sánchez justificó esta decisión en la necesidad de «actuar con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas» del régimen franquista: «Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios», señaló a través de las redes sociales. Su número dos, la vicepresidenta Carmen Calvo, había dado las claves del decreto en rueda de prensa. En primer lugar, justificó el procedimiento empleado, puesto en duda en las últimas semanas por PP y Ciudadanos. La fórmula del decreto ley es la adecuada porque la exhumación de Franco, argumentó Calvo, sí es urgente: «Quien no quiera ver la urgencia, no la va a ver. ¿Cuándo si no? ¿Cuándo vamos a dejar de tener una tumba de Estado con los restos del dictador junto a las víctimas? No hay más vueltas».

La Ley, el Congreso y la ONU

El Gobierno fundamenta este decreto –que tiene un plazo de caducidad de 12 meses– en su «inequívoco y extraordinario interés público» y en cómo «el sentir mayoritario de la sociedad española» considera «inaplazable» la exhumación. Y sostiene esta reforma en tres pilares: dar cumplimiento a la propia Ley de la Memoria Histórica, que recoge que en el Valle de los Caídos «no podrán llevarse actos exaltadores de la Guerra Civil, del sus protagonistas o del franquismo»; asumir la proposición no de ley que fue aprobada en el Congreso en mayo de 2017 sin ningún voto en contra, en la que se instaba al Gobierno a exhumar al dictador; y, finalmente, dar respuesta a las peticiones de las Naciones Unidas que, en varios informes, ya recomendó retirar el cuerpo de Franco por no ser una víctima de la contienda.

Junto a la modificación del artículo 16, el decreto detalla el procedimiento a seguir en una disposición adicional. Tras su aprobación en el consejo de ayer, el decreto será publicado hoy en el BOE. El próximo Consejo de Ministros –que se celebrará el 31 de agosto– aprobará, a su vez, el acuerdo de incoación del procedimiento administrativo. En ese instante, arranca un periodo de 15 días para que los interesados en esta cuestión puedan presentar alegaciones. También dentro de estos 15 días la familia Franco tendrá que comunicar al Gobierno el lugar concreto en el que desea volver a inhumar los restos. Aquí se abren dos escenarios. El primero sería el ideal para el Ejecutivo de Sánchez, permitiría acortar los plazos y pasaría por que los ocho nietos del dictador, tras aportar las autorizaciones necesarias, se hicieran cargo del cuerpo. El segundo escenario activaría el plan B del Gobierno: en el caso de que no haya acuerdo entre los nietos, éstos no respondan en tiempo y forma o se opongan a la exhumación, será el Ejecutivo el que decida el lugar en el que los restos mortales volverán a ser inhumados. Será, aclaró la vicepresidenta, un «lugar digno y respetuoso».

Como continuación del proceso, el Ministerio de Justicia deberá contar con los permisos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial –municipio madrileño en el que se ubica el Valle de los Caídos– para actuar en la tumba y de la Comunidad de Madrid, al ser la administración competente en materia de sanidad mortuoria. Salvados estos trámites, la familia Franco volverá a tener la posibilidad de formular alegaciones. Será éste el punto final del camino: el Consejo de Ministros resolverá en un nuevo acuerdo los detalles de la exhumación, el traslado y el destino de los restos mortales. Entretanto, el Congreso tendrá que haber convalidado el decreto ley en un plazo de 30 días a contar desde ayer.

Según detalló la vicepresidenta, los plazos se cumplirán pese a que puedan surgir resistencias en este proceso. De momento, al Gobierno sólo le consta la oposición de la familia a la exhumación de forma no oficial, a través de la Abadía que custodía el Valle. En el caso de que los Franco se mantengan en su posición actual, el Ejecutivo seguirá adelante. El otro conflicto, en la arena política, tampoco preocupa en Moncloa: ante el anuncio del PP de llevar el decreto ley ante el Constitucional, Calvo lamentó no recibir de sus «adversarios» una «respuesta política»: «Lo importante es el fondo, si quiere o no quiere que Franco siga teniendo un lugar preeminente justo donde están las víctimas».