El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "profundamente garantista".

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "profundamente garantista".

Tras las aportaciones de los órganos consultivos y organizaciones no gubernamentales, hoy se ha presentado al Consejo de Ministros un texto "con mayor calidad jurídica, profundamente garantista y con perfecto encaje en nuestro sistema constitucional", ha enfatizado Fernández Díaz.

A su juicio, el proyecto se ha redactado con un "escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas"que la Constitución consagra.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la incorporación de las sugerencias de los órganos consultados y ha subrayado que el texto está en consonancia con la reforma del Código Penal, de tal manera que algunos delitos y faltas han pasado a tener una sanción menor de naturaleza administrativa.

Un texto que ha pasado el dictamen de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y la Agencia de Protección de Datos, previa consulta también a organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.

Siete meses de consultas, en las que también ha aportado sus sugerencia la Federación Española de Municipios y Provincias. A todos ellos, el ministro del Interior ha querido agradecer sus observaciones a pesar de las discrepancias expresadas por algunos de ellos.

Novedades y aportaciones

El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas. Así lo ha explicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos", ha destacado Fernández Díaz, quien ha recordado que circulares policiales ya impedían estas prácticas.El titular de Interior ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Respecto a las manifestaciones, el ministro ha dejado claro que el nuevo texto no modifica "para nada"la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentario el nuevo proyecto.

Sanciones e infracciones

El proyecto no trata de sancionar más, sino con mayores garantías y menor discrecionalidad, ha destacado Fernández Díaz sobre el proyecto, dividido en cinco capítulos, el último de ellos dedicado al régimen sancionador de infracciones muy graves -se tipifican cuatro respecto a las 21 previstas en el primer borrador de Interior-, graves (26 frente a las 31 iniciales) y leves (7, trece más).

Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto, Fernández Díaz ha subrayado la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas.

Una diligencia, ha enfatizado, que sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre "por el tiempo estrictamente necesario", que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto.

Además, los miembros de las Fuerzas de sSeguridad del Estado deberán expedir un "volante acreditativo"del tiempo de permanencia en dependencias policiales.

Fernández Díaz también ha destacado como novedad el artículo 20, en el que se regula por primera vez la práctica de los registros corporales externos, más conocidos como cacheos, y que estarán sometidos a los principios de "no discriminación e injerencia mínima".

Régimen de multas

Respecto al régimen sancionador, las infracciones muy graves estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes.

Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo.

Como norma general se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad.

Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.