El Gobierno no prevé cambios legislativos sobre la Corona

Aunque quedan todavía dos años de Legislatura y el Gobierno dispone de una holgada mayoría absoluta, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, no prevé hacer más cambios legislativos que afecten a la Corona en esta Legislatura. Considera que son suficientes las novedades que se derivan de la Ley de Transparencia y tendría que darse una situación excepcional, que no prevén en Moncloa, para que este criterio fuera modificado.

Al contrario, Rajoy entiende que la estabilidad está garantizada con independencia del «caso Urdangarín» y por encima de la salud de Su Majestad el Rey. Sobre esto último, la información que maneja el Gobierno es que el Rey está «bien». Que la recuperación de su última operación de cadera ha sido satisfactoria y que Don Juan Carlos está en condiciones de hacer una vida normal y de «cumplir con sus obligaciones en la Jefatura del Estado». Respecto al «caso Urdangarín», tampoco es visto como un motivo para que se replanteen la apuesta por no hacer mudanzas ni de mayor ni de menor alcance, aunque ahí sigan arrastrándose cuestiones pendientes desde la Transición.

La Constitución no contempla la posibilidad de que el Rey esté impedido temporalmente de sus funciones. Sólo prevé el escenario de que el jefe del Estado quedara inhabilitado, para lo que entraría en funcionamiento el artículo 59.2. Las Cortes Generales deberían reconocer esta imposibilidad de cumplir con sus funciones y pondrían en marcha la regencia de Don Felipe. Pero está el vacío de que siga sin haberse elaborado la ley orgánica sobre la institución que prevé el artículo 57.5 de la Ley Fundamental.

La izquierda ha aprovechado para reclamar que se ponga en marcha esta regulación. E incluso desde dentro de las filas populares hay quienes defienden que éste es el momento porque la mayoría absoluta del PP facilitaría una regulación ordenada y garantista para la Casa Real. Pero en Moncloa no se ven así las cosas. A principios del año pasado saltó la especie de que el Gobierno trabajaba ya en un proyecto de Ley de la Corona. Más de un año después no sólo no hay avances, sino que, al contrario, no hay intención de cambiar el marco actual. En el Gobierno desconfían de la posición que pudiese mantener el PSOE en esta materia si se abriese este debate, y sin la garantía absoluta de una unidad de acción entre los principales partidos entienden que no tiene sentido poner en marcha una iniciativa para solucionar un problema «con bastantes posibilidades de que no sólo no se solucione, sino que se agrave».

Desde la aprobación de la Constitución sólo se han ratificado dos Reales Decretos que afectan a la Casa Real, más la Ley de Transparencia, consensuada con Zarzuela, de esta Legislatura. Esto prueba el celo con el que todos los gobiernos han obrado «no por pasividad, sino por responsabilidad», sentencian fuentes del Gobierno. Las razones sobre la dificultad del acuerdo de Estado van ligadas a la presión nacionalista y de las minorías de izquierda, «que, inevitablemente, puede mover al PSOE de terreno».

La citada Ley de la Corona podría quedarse en lo más fácil, en una simple regulación de las abdicaciones y renuncias, o entrar más en fondo en la regulación del régimen jurídico de la Familia Real, con otro específico para el Príncipe de Asturias. Y esto enlaza con debates que el «caso Urdangarín» ha colocado en primera plana, como el de si debería establecerse un régimen de obligaciones e incompatibilidades. Ensordecida por el ruido de polémicas mayores se queda la modificación que exige la Carta Magna para que exista igualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión.

Por último cabe decir que la delicada coyuntura que atraviesa la Infanta Cristina tampoco afecta a los planes de Rajoy de no hacer cambios. Desde algunos sectores se ha abierto el debate sobre si la Infanta debería renunciar o no a sus derechos dinásticos. «El Gobierno no va a entrar en esta cuestión en ningún caso. Hay que esperar, hay que confiar en la presunción de inocencia, también de Doña Cristina, y si hubiera que tomar alguna decisión cuando se conozca el final del proceso judicial, está en manos del Rey», sentencian en Moncloa.