El Gobierno plantea reformar la ley para controlar más a los Mossos

El objetivo es aumentar la coordinación, la implicación de las policías autonómicas en el proyecto de seguridad nacional y la homologación con las Fuerzas de Seguridad del Estado en todos los aspectos.

El Gobierno está estudiando una reforma legal para evitar que pueda volver a repetirse la utilización política de una policía autonómica para ir en contra de la Constitución y del interés nacional, como ha ocurrido con los Mossos durante el «procés». El objetivo que está encima de la mesa es introducir los cambios necesarios, dentro del margen que marca el Estatuto de Cataluña, para mejorar la coordinación de todos los cuerpos policiales y, especialmente, de las fuerzas autonómicas con la Policía y la Guardia Civil. Que haya una homologación no sólo en sueldos, sino también en todos los demás aspectos. Todas las informaciones que están apareciendo estas semanas han puesto en alerta al Gobierno y también a las instancias policiales porque han servido para que quede en evidencia hasta que punto el modelo actual deja espacio para que una mala dirección política de los Mossos pueda colocar a la policía autonómica al margen del Estado de Derecho y de sus obligaciones en el cumplimiento de la ley. La polémica colaboración de la policía catalana con el proyecto independentista, dentro de un plan organizado y diseñado desde la Generalitat, ha subido grados al añadírsele las informaciones sobre el presunto espionaje político por parte del Cuerpo. Los papeles que intentaron destruir en una incineradora a finales de 2017 están siendo un filón a la hora de retratar hasta dónde llegó el independentismo para imponer la ruptura unilateral. Y la alarma y el malestar político y social obligan a que el Gobierno valore también su margen de reacción más allá de la depuración de las responsabilidades en los tribunales.

Mariano Rajoy resiste las presiones para que endurezca el artículo 155 o lo utilice para revisar «abusos» de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias. Pero bajo la amenaza del «oportunismo» de Ciudadanos, advierten en el PP. Mientras sigue vigente el 155, Interior dirige desde Madrid la consejería de Interior y, por tanto, la policía autonómica. El Ejecutivo de Rajoy insiste en poner en valor el trabajo de la mayoría de los agentes, reduciendo el problema a los cargos políticos. Si bien, al mismo tiempo, también insisten en que los Mossos tienen que cumplir con sus obligaciones y estar siempre dentro del marco del Estado de Derecho con independencia del color de la Generalitat. Dentro del actual marco legal está la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es dónde se define lo que pueden hacer las policías autonómicas y locales, y cómo se coordinan. Desde el Gobierno subrayan que a diferencia de lo que ocurre con la educación, en este caso la seguridad pública es competencia del Estado, como así establece la ley. «Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación», dice el artículo 1 de la norma. Otra cosa es hasta dónde se puede llegar dentro del límite que establece el Estatuto de Cataluña en su artículo 164. Aunque la ley orgánica también delimita que «las comunidades participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que establezcan los Estatutos», pero «en el marco de esta ley».

El capítulo II señala todas las obligaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también de los Mossos. Y causa sonrojo hasta qué punto la Generalitat de Puigdemont colocó a la policía catalana al margen de esas obligaciones. Entre ellas, ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico; actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad; o sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación. «En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes». «La teoría está escrita, pero algo falla cuando se ha podido incumplir de manera tan fragante», advierten los sindicatos policiales. Con quienes, por cierto, el Gobierno pretende negociar cualquier cambio en la norma dirigidido a tapar agujeros en la cohesión y coordinación de las Fuerzas de Seguridad.