El Gobierno lleva al TC la Consejería de exteriores de Romeva

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras (2d), la consellera de Presidencia, Neus Munté (2i)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras (2d), la consellera de Presidencia, Neus Munté (2i)

También recurre la comisión de estudio de competencias, pero no la jura de Puigdemont.

La Abogacía del Estado, por acuerdo del Consejo de Ministros, está ya trabajando en la formalización de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por las competencias que asume la nueva Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña, que cae en manos de Raül Romeva, y de la comisión de estudios del Proceso Constituyente, que se ha creado en el Parlamento autonómico.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que la Abogacía del Estado tendrá que determinar ahora qué tipo de recurso se interpone ante el Constitucional, si es por un conflicto de competencias o de inconstitucionalidad, o si se suma a la ya recurrida Ley de Acción Exteriores. La decisión dependerá de los servicios jurídicos del Estado.

El informe de la Abogacía del Estado señala que el decreto sobre la Consejería de Asuntos Exteriores es desarrollo de una ley de la Generalitat, que ya está recurrida y sobre la que todavía no hay sentencia, si bien sí hubo un levantamiento de la suspensión por parte del Alto Tribunal. Pero no hay fallo firme al respecto.

El Gobierno de Rajoy considera en el caso de la citada consejería que el Gobierno autonómico catalán se excede en sus competencias en esta cuestión porque asume responsabilidades en materia exterior que corresponden a los estados y Cataluña es una comunidad autónoma dentro del Estado autonómico reconocido en la Constitución. Sin embargo, el titular de la nueva consejería, Raül Romeva, defiende la competencias de su departamento con el argumento de que lo único que están haciendo es dar otro rango a la anterior Secretaría de Asuntos Exteriores y desde la Generalitat dicen que mantendrán la Consejería.

En lo que afecta a la comisión de estudio del proceso soberanista, que el Parlamento autonómico acordó crear la semana pasada, y en la que estará presente la marca territorial de Podemos, la vicepresidenta puntualizó que la decisión de recurrirla es una medida de precaución ante las posibles decisiones que se puedan adoptar en ella. Desde Moncloa recuerdan que la voluntad inicial de Juntos por el Sí y de la CUP era constituir una comisión legislativa y que sólo se cambió este formato a comisión de estudio cuando se detectó que podía ser inconstitucional. Ahí, a su juicio, puede estar la trampa. «Este Gobierno debe tener agilidad y prudencia para evitar que lo que se quería hacer de una manera no se acabe haciendo por otra vía», sentenció la «número dos» del Ejecutivo en funciones.

La vicepresidenta también confirmó que después de estudiar la situación, no tienen intención de llevar ante los tribunales el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pese a no haber prometido acatar la Constitución. Santamaría precisó que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) establece una obligación de juramento, y que cuando Puigdemont accedió a su puesto en el Parlamento catalán así lo hizo. Mientras que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no establece esa necesidad de nuevo juramento en los términos de la Loreg.

En concreto, Santamaría explicó que si el Gobierno ha desistido de recurrir ante el TC la fórmula utilizada por Puigdemont para prometer el cargo ha sido porque después de que la Abogacía del Estado haya estudiado el asunto, ha comprobado que ya hizo el juramento constitucional al recoger su acta como diputado y que el Estatuto catalán «no establece como condición» que en la toma de posesión del presidente de la Generalitat haya que recurrir a esta fórmula.