El Gobierno regulará por ley más ayudas a la financiación

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que la Administración General del Estado ultima un concurso para licitar un macrocontrato de comunicaciones con el fin de que entre en vigor en el primer trimestre de 2015. De acuerdo con la experiencia de otros países y de la centralización llevada a cabo en diversos ministerios, el Gobierno prevé ahorrar entre un 10 y un 15 por ciento de los 270 millones de licitación, lo que supone un ahorro de unos 40 millones de euros.

En una comparecencia en el Senado, en la que informó de cómo avanza la aplicación de la reforma de las Administraciones Públicas, la vicepresidenta explicó también que el primer Plan de Actuaciones en relación a los activos inmobiliarios ha permitido ahorrar 44 millones de euros en alquileres; y los procesos de enajenación de inmuebles del Estado han generado 105 millones de euros en ingresos.

La vicepresidenta confirmó, asimismo, que a partir de 2015 comenzará la aplicación del presupuesto base cero en determinadas partidas homogéneas a todos los Ministerios. Esto supondrá que se verificará cuánto dinero es preciso destinar a cada partida de los capítulos II y VI a través de un análisis minucioso de las necesidades concretas y la comparación con otros órganos.

El esfuerzo de redimensión del sector público se reforzará con la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en la que se fijarán los criterios identificativos de cada tipo de ente, su control económico-financiero y el régimen de contratación y de personal. La creación de cualquier nuevo organismo deberá ir acompañada de una justificación estricta de las razones que lo motivan, de que no existen duplicidades y de que los medios humanos, materiales y financieros son los adecuados. También habrá una evaluación periódica y se extinguirán aquellas entidades que dejen de cumplir esos requisitos. Las fundaciones se verán reducidas a la mitad.

La vicepresidenta anunció que antes de final de año se presentará una Ley de Fomento de la Actividad Empresarial con el objetivo de mejorar los mecanismos alternativos a la financiación bancaria. Esta ley se basará en la revisión en profundidad del sector del capital riesgo; la flexibilización del régimen de las instituciones de inversión colectiva; y la adopción de medidas orientadas a facilitar el acceso a la financiación de las pymes.