El investigador del chivatazo ve un móvil político en el soplo a ETA

El comisario de Policía Carlos Germán –jefe del equipo que investigó el chivatazo que alertó a ETA de una operación policial en mayo de 2006– no sólo insistió ayer en que la filtración fue policial, sino que aseguró al tribunal que juzga por ese supuesto soplo a Enrique Pamies, ex jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros, que el móvil fue político. El testigo se mostró convencido de que la orden partió del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que fue imputado en esta causa pero que finalmente no se sienta en el banquillo. «Es imposible que el origen de la filtración estuviera en la mente de un policía, eso no ha sido por iniciativa propia» de Pamies, recalcó.

En su declaración ante la Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, Germán se refirió a las tres llamadas intercambiadas tras el chivatazo entre Pamies y García Hidalgo. Y aseguró que desde el principio se les atribuyó «una finalidad política». El mando policial sustentó esa convicción en la conversación grabada (gracias a una baliza instalada en su vehículo) a Joseba Elosua, supuesto receptor del soplo, con su yerno, Carmelo Luquin, cuando ambos se dirigían a Irún a reunirse con el etarra Cau Aldanur, dándole cuenta de la sorprendente advertencia que le habían hecho minutos antes. «Elosua es muy reiterativo y no le habla de otra cosa que del proceso negociador, de que hay gente que quiere que se rompa».

En otro momento de su declaración, el jefe del equipo investigador recordó que entre las personas que estaba previsto detener en la operación contra el «aparato de extorsión» de ETA ese 4 de mayo de 2006 se encontraba «una de mucha sensibilidad política», el ex dirigente del PNV Gorka Aguirre (ya fallecido). Según la Fiscalía, fue Pamies quien decidió obstaculizar la operación para impedir la detención de Aguirre.

La advertencia telefónica a Elosua para que se abortase la supuesta reunión con el etarra Cau Aldanur acarreó que, cuando el dispositivo se puso en marcha en junio, los agentes no se incautaran «ni de una pegatina de ETA» tras registrar más de veinte domicilios. El único botín fue, resaltó, «una botella de vino con una foto del general Franco» que encontraron en el domicilio de uno de los detenidos. Además, ese día pensaban incautarse de 108.000 euros que iban a ser entregados supuestamente por Elosua a la banda criminal, de los que nunca más se supo.

Germán expuso al tribunal –integrado además por los magistrados Antonio Díaz Delgado y Guillermo Ruiz Polanco– que tras poner al corriente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y a la juez antiterrorista francesa Laurence Levert el 3 de mayo de la operación contra ETA que se iba a poner en marcha al día siguiente, tenían pensado activarla «cuando desde Bayona nos avisaran de que Cau había salido en dirección a la frontera» para reunirse presumiblemente con Elosua y recoger el dinero de la extorsión. «Tú recoges el vino y guárdalo que yo iré por allí el jueves o el viernes», había avisado Cau al dueño del bar Faisán el día anterior en una conversación interceptada.

Pero Cau no pasará la frontera ese día. A las 11:23 una persona se acerca a Elosua en su bar (según las acusaciones se trataba de Ballesteros, desplazado hasta allí por orden de Pamies) y le pasa un teléfono móvil, a través del cual un interlocutor anónimo (el propio jefe superior de Policía del País Vasco, según esa misma versión) le avisa de la inminente operación policial.

Elosua y su yerno son los que finalmente se dirigen al encuentro de Cau Aldanur, justo al contrario de lo previsto. Germán insiste en que se active el dispositivo, pero éste no se despliega ni en España ni en Francia. «Es algo que todavía no me lo creo. Bueno, ahora sí me lo explico...», apostilló Germán.

Esa misma tarde, cuando uno de sus hombres escucha la grabación de la baliza del coche de Elosua, «me dicen que ha habido una filtración». Ya había una copia manuscrita de esa conversación y el inspector ordena a su subordinado que haga una literal «aunque te quedes sin dormir». A las tres de la mañana ya está en su correo y él la lee, explica, al llegar a su oficina a primera hora de la mañana. «Ayer se cometieron dos delitos: uno en España y otro en Francia», le dijo a su superior al entregarle la transcripción minutos después.

Germán contó al tribunal que quiso informar al juez Grande-Marlaska inmediatamente del soplo, pero sus superiores (el jefe de la UCI, José Cabanillas, y el comisario general de Información, Telesforo Rubio) se lo impidieron. Cuatro días, dice, tardó en llegar la transcripción al despacho del magistrado, quien requirió su presencia para encargarle la investigación del soplo. «Grande-Marlaska no sabía quién había dado el chivatazo, pero sí quién no había sido, y entre esas personas estaba yo».

Desde un primer momento, recalcó, «tenía claro que la filtración era policial», por los detalles facilitados por el comunicante anónimo a Elosua, a quien interrogó seis veces mientras estuvo detenido. «Estaba claro que no iba a identificar a nadie –sostuvo Germán–; tiene un bar en la frontera y no quiere indisponerse con ningún policía». «No tengo nada que ganar», llegó a confesarle. Respecto a Ballesteros, dijo que sus movimientos «parecían acompasados» con los del dueño del bar Faisán. Para el jefe del equipo investigador, el cruce de llamadas entre él y Pamies en las horas previas al chivatazo «era anómalo».