El juez busca el origen de 2.000 millones en operaciones en las que intervino Oleguer Pujol

Oleguer Pujol quedó en libertad, imputado por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, tras negarse a declarar en la comisaría de La Verneda de Barcelona a donde la Policía Nacional lo ha trasladado tras registrar durante siete horas su domicilio.

Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quedó ayer en libertad tras permanecer detenido por la Policía durante las ocho horas que emplearon los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en registrar minuciosamente su domicilio en Barcelona en busca de documentación que aporte indicios de los delitos tributarios y de blanqueo que le atribuye la Policía por siete operaciones millonarias en las que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría cuantiosas cantidades de dinero de procedencia incierta. Oleguer se negó a declarar ante la Policía, a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, responsable de la operación, le cite para interrogarle, algo que, según las fuentes consultadas, no se producirá hasta que el magistrado analice toda la información obtenida en los registros acordados ayer, en los que los agentes no se incautaron de dinero aunque sí de abundante documentación. Ese compás de espera «podría durar semanas».

El juez Pedraz –instructor de una de las querellas presentadas contra el clan Pujol, en este caso impulsada por Podemos y Guanyem– puso en marcha la operación a primera hora de la mañana. La UDEF no sólo registró el domicilio del hijo de Pujol, sino también el de su socio, igualmente imputado, y la sede social de varias empresas vinculadas al primero. El magistrado tenía sobre la mesa desde 48 horas antes la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se practicasen esos registros con el objetivo de esclarecer el origen de los más de 2.000 millones de euros que se movieron en siete operaciones sospechosas en las que intervino Oleguer Pujol a través de sus sociedades. Fuentes jurídicas precisaron que ese montante no implica que todo el dinero sea de procedencia ilícita y que la investigación se centra en determinar «si utilizó esas empresas para blanquear posibles comisiones depositadas en el extranjero y en qué cantidades». La UDEF señala en su escrito, añaden esas mismas fuentes, a una veintena de denunciados, incluyendo a personas físicas y jurídicas.

La denuncia de la UDEF no va acompañada de documentación por lo que los registros (que se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla siguiendo la estela de su red de empresas) eran, por tanto, imprescindibles para apuntalar la imputación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordó también solicitar información a las empresas implicadas en las operaciones investigadas y ordenó el embargo de las cajas de seguridad «de las que sean titulares o beneficiarios los imputados».

Entre esas operaciones figura la adquisición por ocho millones de euros (supuestamente procedentes de las Islas Vírgenes, según los querellantes) de un hotel en Canarias a través de la sociedad Servifonia Plus, de la que fue administrador Oleguer. Esa compra se acometió en parte gracias a un préstamo hipotecario, pero Anticorrupción no ha podido acreditar cómo se financió el montante restante y con qué se garantizó ese pago. Por si fuera poco, para afrontar la operación la sociedad tuvo que acometer una ampliación de capital que se desconoce si procedió de una sociedad extranjera, lo que podría haber dado pie a un posible blanqueo.

Otro de los posibles «pelotazos» de Pujol –la adquisición en noviembre de 2007 de 1.152 sucursales del Banco Santander a través de Samos Servicios y Gestiones por más de 2.000 millones– también plantea varios interrogantes. Se desconoce quién hizo el pago, si la propia Samos o Cuius, de la que Oleguer fue presidente y que fue la sociedad que obtuvo el préstamo para afrontar la operación (pese a que Samos era de su propiedad). La propia Samos Servicios participó en ese crédito con 312.000 euros. La UDEF sospecha que se utilizó ese préstamo (y hasta tres ampliaciones de capital de Samos) para blanquear dinero procedente de Holanda y Luxemburgo.

Oleguer Pujol también habría utilizado la compra en 2008 de tres edificios de Prisa por cerca de 300 millones para, supuestamente, blanquear dinero desde Holanda y el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del Canal de la Mancha, a través de la sociedad Longshore, de la que el hijo del ex president era consejero delegado. Fue precisamente Drago Capital y Dotricia, otras empresas vinculadas a Oleguer, las que prestaron el dinero a Longshore para afrontar la operación. La Fiscalía duda de que Drago dispusiese de recursos suficientes para afrontar ese préstamo.

De Step Negocios y Ursus Alfa, otras de sus empresas, se sirvió para la compra de edificios de Bankia. Tampoco consta cómo se financió la compraventa ni cómo se garantizó el pago de las cantidades no cubiertas por la hipoteca. La investigación policial apunta, nuevamente, a que se utilizó para aflorar dinero negro proveniente de Holanda (presumiblemente de las Antillas holandesas).

En Melilla, Oleguer operaba a través de Tres Forcas Capital, con la que adquirió los terrenos de un antiguo cuartel por 15,6 millones a Nueva Melilla Asociados. La financiación de la compra también es controvertida. Una ampliación de capital de 2,3 millones y la venta de participaciones a Gestadeneco por 1,9 millones supusieron la entrada en España de dinero de origen incierto desde, otra vez, Holanda.

Tampoco les cuadra a los investigadores la compra de varios inmuebles en Palma de Mallorca por New Positively 21, de la que era administrador Oleguer, y menos que tras adquirir las participaciones de dicha empresa, éstas se vendieran a la carrera a un precio muy superior. Por último, la Fiscalía investiga también la compra de la sede del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012, que llevó aparejada la venta de dos inmuebles a la Mutualidad.