El juez cita como testigo a un exsecretario de Empleo catalán por el caso ITV

La juez de Barcelona que investiga la trama de las ITV ha citado a declarar como testigo al exsecretario de Empleo de la Generalitat Ramon Bonastre para averiguar si el exdiputado de CiU Oriol Pujol intermedió en operaciones de deslocalización industrial que beneficiaban a un empresario amigo. En una providencia, a que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ha citado a declarar para el próximo 11 de noviembre a Bonastre y a dos empresarios, el directivo de Seat Miquel Salaer y Manuel Lao, de CIRSA.

El propósito de la juez es averiguar qué papel tuvo el hijo del expresidente de la Generalitat en varias operaciones industriales, algunas de ellas deslocalizaciones, en las que hizo trabajos de asesoramiento el empresario y amigo íntimo suyo Sergi Alsina.

La juez cree que el exdiputado convergente -imputado por cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental- cobró entre los años 2008 y 2012 un total de 499.060 euros a través de las facturas que su esposa, Anna Vidal, giró a la empresa de Alsina por trabajos de asesoramiento que la magistrada considera eran ficticios y que servían para enmascarar los pagos ilegales.

La juez cree que Oriol Pujol cobró supuestamente esas comisiones ilegales por hacer gestiones ante cargos de la Generalitat -entre ellos el propio presidente, Artur Mas, y responsables del Departamento de Industria y Empleo- en beneficio de las operaciones en que intervenía como asesor Sergi Alsina.

Entre esas operaciones, figuran las negociaciones para la venta de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la creación de un parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) o la deslocalización de las plantas de Yamaha y de Sony.

En total, Alta Partners, de Sergi Alsina, ganó 6,8 millones de euros por trabajos de asesoramiento en las operaciones de reconversión industrial de Sony-Ficosa, Sharp-Cirsa y Yamaha-Grupo Sesé.

La juez pretende saber si Oriol Pujol usó su influencia política en relación con los directivos de las empresas implicadas en esas operaciones industriales, para favorecer los intereses económicos de Sergi Alsina, también imputado.