El TC podrá inhabilitar y suspender a Mas si incumple sus sentencias

El PP tramita una reforma urgente que habilita al Gobierno de Rajoy a ejecutar sus sentencias si la Generalitat desobedece.

El PP mueve otra ficha con la vista puesta en el tablero catalán. Y lo hace cuando dentro del partido está al alza la tesis de que la lista única soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, tendrá un resultado «pobre» en las elecciones del 27-S, por debajo de sus expectativas. Y que esto, unido al «grupo tan dispar en el que se ha escondido», hará que fracase como proyecto, y con ella, el proceso independentista. No obstante, el Gobierno no quiere dar la imagen de que se queda quieto a la espera del resultado electoral y ayer presentó en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional (TC) que habilita a esta instancia judicial a multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones.

La reforma es aplicable a todas las administraciones, pero, evidentemente, es un instrumento más con el que se fortalece el Estado de Derecho ante una posible declaración unilateral de independencia en Cataluña, que Mas y Junqueras incluyen en su «hoja de ruta» para la próxima Legislatura. En la lectura más de partido, supone, además, otro gesto de firmeza del Ejecutivo para agradar a los votantes propios, y ahí se explica que en la presentación de esta iniciativa participase personalmente el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, junto con el portavoz de los populares en la Cámara Baja, Rafael Hernando.

García Albiol destacó que la modificación legislativa, que tramitarán de manera urgente para que esté aprobada antes de que se disuelvan las Cortes, garantiza que nadie más volverá a incumplir sentencias del Alto Tribunal, «sea donde sea». «La broma se ha terminado», afirmó. Dejando claro que con esta reforma se termina de poner cerco a la posibilidad de que Artur Mas imponga su desafío independentista. «Estamos dotando a nuestro Estado de Derecho de herramientas más sólidas para garantizar los derechos de todos y que las normas se cumplan», sentenció el portavoz parlamentario. La pregunta inevitable es por qué el PP ha esperado hasta ahora, ya en la precampaña de las generales y a tres semanas de las autonómicas, para promover esta iniciativa que podría haber sacado adelante con su mayoría absoluta. Hernando argumentó que la situación actual y los objetivos con los que afrontan CDC y ERC las elecciones exigen actuar. «Hace cuatro años no había una situación como ésta, ni se presentaban juntos en una lista los que dicen que quieren romper España», añadió.

La tramitación exprés no deja tiempo para que se pronuncien órganos preceptivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero a estas alturas de Legislatura el calendario aprieta si el objetivo es que sea aplicable para después de las autonómicas catalanas. El procedimiento de urgencia implica acortar todos los plazos, y lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión. El Grupo Popular estima que su toma en consideración se producirá en el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado, en la semana del 15 de septiembre, y su aprobación por el Congreso podría materializarse la semana siguiente a las elecciones catalanas. Así llegará al Senado para su aprobación definitiva antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque las elecciones generales.

La exposición de motivos de la proposición registrada por el Grupo Popular argumenta que la actual regulación del TC contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, pero que es necesario ajustarse a las nuevas situaciones que pretenden soslayar o evitar tal efectividad. Explica que la reforma desarrolla las funciones de auxilio jurisdiccional, de tal manera que el Tribunal pueda acometer la ejecución de sus resoluciones bien directamente bien a través de cualquier poder público. Por eso atribuye el carácter de título ejecutivo a sus resoluciones y abre la posibilidad de que el TC pueda acordar que se notifiquen a cualquier empleado público o autoridad. En el caso de incumplimiento, el TC solicitará un informe a quienes deban hacerlo, y una vez recibido o venza el plazo, podrá imponer «multas coercitivas (de 3.000 a 30.000 euros), acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria». Si perjuicio de que puedan exigirse a su vez las responsabilidades penales que correspondan.

En situaciones en las que concurran circunstancias de especial trascendencia constitucional, la reforma precisa que el Tribunal «podrá adoptar las medidas de ejecución necesarias inaudita parte». Aunque en la misma resolución deberá dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal. En concreto, la proposición de ley modifica los artículos 83, 87 y 92, además de suprimir el apartado 4 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Senado ya está debatiendo otra reforma de esta ley orgánica para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, que también se aprobará antes de la disolución de las Cámaras.

Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas (29 de septiembre). De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.

Además, según recoge la reforma que plantea el PP, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias"para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el Tribunal Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír

a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

Eso sí, el PP ha querido dejar claro que la vía abierta al TC para multar y suspender a gobernantes es un camino distinto al artículo 155 de la Constitución que permite al Estado recuperar competencias autonómicas por incumplir leyes, y que tampoco afecta a la posibilidad de exigir responsabilidades penales a un gobernante.

Además de haber informado al PSOE de la presentación de la iniciativa, el PP ha hecho un llamamiento al resto del arco parlamentario para apoyarla en las Cortes. García Albiol se ha dirigido expresamente al PSC, para medir su "coherencia", y a Unió, que en su opinión ha sido "responsable"de la deriva independentista y "ahora está disimulando".