El PSOE denuncia a Fernández Díaz sin aportar ninguna prueba

Sin esperar las explicaciones que ofrezca hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre su reunión con Rodrigo Rato el pasado 29 de julio en la sede del ministerio, el PSOE presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por entender que ha podido incurrir, ni más ni menos, que en tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Cada uno de ellos está sancionados con distintas penas de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, e incluso de uno a tres años de cárcel en el de revelación de secretos. Nada más tener conocimiento del contenido de esa denuncia, el ministro en cuestión ordenó a los servicios jurídicos de su departamento que estudiaran si por la interposición de la misma se pueden ejercer acciones legales contra los socialistas por denuncia falsa, calumnias o injurias.

A última hora de la mañana de ayer, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se presentaba en la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia contra Fernández Díaz, al entender que de la mencionada reunión entre el ministro y Rato, imputado en el «caso Bankia» y en otro procedimiento por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, existen indicios de los mencionados delitos, pese a lo cual «no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público». Para los socialistas, el comunicado que emitió el Ministerio donde informaba que la citada reunión se produjo a instancias de Rato y para tratar un tema «exclusivamente personal» y «completamente al margen de la situación procesal», es «falso en prácticamente todos sus extremos».

Así, en cuanto a que se abordó una cuestión «exclusivamente personal» que afectaba a Rato, el PSOE reprocha a Fernández Díaz que no especifique los criterios para «recibir a personas imputadas en su despacho» para abordar ese tipo de cuestiones, y si esos criterios «siguen una directriz objetiva o únicamente obedecen a la arbitrariedad» del ministro. También que no haya aportado «ningún dato o certeza sobre cuáles fueron las condiciones previas a la realización del encuentro».

En todo caso, el PSOE admite que no tiene datos que el ministro haya realizado algún tipo de «gestión o iniciativa» en relación con Rato y los procesales judiciales en los que está inmerso. «Es algo que tendrá que determinase a lo largo de la instrucción realizada a tal efecto, pues ésa es la cuestión que, precisamente, determinará la existencia o no de responsabilidad penal». Es decir, los socialistas no tienen una prueba mínima de que Fernández Díaz haya realizado alguna «gestión» en favor del ex ministro de Economía y ex presidente del Fondo Monetario Internacional, pese a lo cual consideran que ha podido incurrir en el citado delito de prevaricación. Y es que, en relación con el mencionado delito, que impone una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 a 15 años a toda autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo, el PSOE no señala ninguna resolución que haya podido dictar el ministro que pueda considerarse prevaricadora. Simplemente, se limita a señalar que «cualquier tipo de gestión o iniciativa adoptada por el sr. ministro a través de la correspondiente resolución, que tenga cualquier tipo de conexión directa o indirecta con el sr. Rato, se encuadraría dentro de la conducta penal descrita».

En cuanto al delito de omisión del deber de perseguir delitos, el PSOE lo justifica en que Rato manifestó que en la reunión hablaron de los que «le está pasando», y que, por tanto, «falta por determinar si esa información es exclusivamente la que consta en las investigaciones en curso o si aportó algún otro dato que hasta la fecha es desconocido». Por ello, se afirma en la denuncia, «un mínimo de lealtad institucional» debe llevar al ministro a «dirigirse a los órganos judiciales» que investigan a Rato, «manifestando el contenido de la reunión mantenida». Por último, respecto al delito de revelación de secretos, se argumenta en que, una vez que Anticorrupción ha encargado a la UCO que lleve la investigación sobre los delitos fiscales y de blanqueo imputados a Rato en una pieza separada, «cualquier dato referido a las mismas que fuera conocido por el sr. ministro y revelado al sr. Rato, se encuadraría de lleno en la conducta típica» del mencionado delito. En este caso, tampoco se aporta ningún dato sobre qué extremos de la investigación ha podido facilitar Fernández a Rodrigo Rato.

Abocada al archivo

En relación con esta iniciativa del PSOE, distintas fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN que estudiaron la denuncia, vinieron a coincidir en que la misma no contiene un «relato fáctico de los que se puedan desprender indicios de los delitos» imputados al ministro del Interior, por lo que, previsiblemente, acabará archivada.

Así, en cuanto al delito de prevaricación, «no se menciona ninguna resolución injusta que haya podido dictar» el titular de Interior; respecto a la omisión de perseguir delitos, las citadas fuentes recuerdan que ni siquiera pueda incurrir en ello «porque no es competente para investigar, ya que la investigación –sobre Rato– la llevan dos jueces»; y, respecto a la revelación de secretos, «la Policía Judicial está bajo el mando del juez, e incluso Rato puede tener más datos que el propio ministro si las causas no están secretas».

Tres ruedas de prensa y un solo asunto

Desde que se conociera la reunión mantenida entre el ministro del Interior y Rodrigo Rato en la sede del Ministerio, el PSOE la ha convertido en su particular culebrón del verano. Pese a las explicaciones aportadas por el ministro y a la comparecencia, a petición propia, de hoy en el Congreso, los socialistas han dedicado cada día de esta semana a ir desgranando por capítulos su ofensiva contra Jorge Fernández. El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha dado tres ruedas de prensa esta semana dedicadas al mismo tema: comenzó pidiendo la comparecencia en el Congreso, un día después presentó las 50 preguntas que le formularían al ministro y, ayer, por último, presentó la denuncia ante la Fiscalía. Muchos ataques y poca propuesta para una semana de agosto.