El PSOE rechaza pactar con el Gobierno una reforma de la administración local

El PSOE ha rechazado hoy "de plano"pactar con el Gobierno una reforma de la administración local "cuyo objetivo último es la privatización de los servicios públicos municipales".

En una nota de prensa, su secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, ha criticado que el Ejecutivo "pretenda ocultar el alcance real"de la reforma con dos asuntos en los que no está de acuerdo como son la reducción del número de concejales y las retribuciones de los cargos electos locales.

Zarrías se ha reunido hoy con los secretarios provinciales e insulares de Política Municipal y los socialistas que forman parte del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias para analizar el anteproyecto de Ley Local.

"El Gobierno -según Zarrías- pone como elemento central de la propuesta el ahorro de 3.500 millones de euros, pero no hay ningún elemento en el Anteproyecto, ni en la estructura municipal, ni en el ejercicio de las competencias, que implique este ahorro".

A su juicio, lo único cierto es que los servicios públicos "se van a gestionar con un mayor coste para los ciudadanos y con una menor eficacia al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento"que, al ser la administración más cercana al ciudadano, "es la que mejor conoce sus necesidades".

Los servicios que actualmente prestan los consistorios "pasarán a ser menos cercanos, menos eficaces y más caros, según el dirigente socialista, que aboga por que no se reduzcan los concejales y sí se racionalicen las retribuciones que perciben.

Zarrías ve rotundamente falso que el Gobierno plantee la reducción de los ediles como un supuesto ahorro "porque si realmente quiere ahorrar, nosotros ya les hemos propuesto la derogación de la parte de la Ley de grandes Ciudades que ha permitido engordar sin control los aparatos municipales de las grandes ciudades, que son además las que más deuda contraída tienen".

En su opinión, la eliminación de concejales sólo provocará menos pluralidad y menos democracia en las instituciones, afectará a la representatividad de los grupos minoritarios en los Plenos municipales y restará participación ciudadana.

"Lo que sí creemos que se puede racionalizar -añade el comunicado- son las retribuciones de los cargos electos", que Zarrías aboga por homologar, poniendo topes en los salarios, regulando los que trabajan en exclusividad, las dietas de los que siguen ejerciendo su profesión y regulando el régimen de incompatibilidades.