El resquicio para el fin de la dispersión

Una llamada de Interior el pasado viernes intentó tranquilizar a las principales asociaciones de víctimas, que temen que un acercamiento de etarras sin condiciones dé paso a excarcelaciones amparadas en la disolución de ETA.

El pasado viernes, las principales asociaciones de víctimas recibieron una llamada de carácter oficial del Ministerio de Interior. Su interlocutor les quiso tranquilizar, en nombre del ministro Fernando Grande-Marlaska, desmintiendo que la intención del Gobierno sea excarcelar a presos de ETA. Una comunicación que evidencia la preocupación del Ejecutivo por mantener informado a este colectivo de cualquier cambio en la política penitenciaria respecto a los terroristas en prisión, tras el anunciado acercamiento al País Vasco de reclusos de la banda enfermos de gravedad, mayores de 70 años y aquellos que hayan cumplido ya la mayor parte de su condena.

La política de dispersión de presos no figura en normativa penitenciaria alguna. Fue una mera estrategia penitenciaria que los sucesivos gobiernos, de uno y otro signo, aplicaron desde finales de los años 80 para romper la disciplina de ETA, cuyos tentáculos se extendían hasta las cárceles a través del «frente de makos». Se trataba de intentar romper esos lazos con la banda y sus organizaciones satélite para propiciar la ruptura con ETA y su posible reinserción.

Disuelta la banda terrorista, el temor de las víctimas es que el final de la política de dispersión propicie el acercamiento sin condiciones de etarras condenados por delitos de sangre o, incluso, que se beneficien de la progresión de grado (y hasta de la libertad condicional si han cumplido ya las tres cuartas partes de la condena) sin mostrarse dispuestos a colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los atentados. Pero como se han encargado de recordar desde el Ejecutivo estos días, con Aznar en la Moncloa ya se produjo el acercamiento de más de un centenar de presos de la banda entre 1996 y 1999.

Con carácter general, los reclusos deben cumplir condena en el centro más próximo a su domicilio para evitar su desarraigo social. Sin embargo, la jurisprudencia en esta materia es concluyente al concluir que «no existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria, ni desde luego en la Constitución, el derecho a ser destinado o mantenido en un determinado centro penitenciario, ni siquiera a uno próximo al del lugar de residencia habitual, ni tampoco mandato alguno en tal sentido para la Administración» (sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid de 24 de julio de 2013).

Hasta ahora (incluso con posterioridad al cese definitivo de la violencia anunciado por ETA en 2011) la Justicia ha esgrimido recurrentemente para denegar las peticiones de etarras de traslado a cárceles vascas que el recluso no se había desvinculado de la banda terrorista. Pero tras su disolución, ese requisito se ha esfumado al no existir ya organización de la que apartarse públicamente y las víctimas temen que ese resquicio sirva para propiciar un acercamiento de presos etarras sin condiciones.

Basta escudriñar en alguna resolución de la Audiencia Nacional rechazando peticiones de traslado para atisbar que ese impedimento es recurrente a la hora de tumbar las solicitudes de presos de ETA en ese sentido. El 29 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Penal del citado tribunal desestimó el recurso de apelación planteado por la defensa del recluso de la banda Carlos Trenor –el primero de una oleada de recursos de presos etarras en ese sentido– reclamando su traslado a una prisión del País Vasco. En esa resolución, de la que fue ponente el actual ministro de Interior Grande-Marlaska, los magistrados apuntaban que en los condenados por terrorismo el objetivo de la reinserción podía ser «incompatible» con el cumplimiento de la pena en la prisión solicitada «mientras no conste su desvinculación» de ETA, «en tanto en cuanto la ruptura de vínculos es precisamente la que persigue o conlleva su reinserción, situación que no se ha producido».

En ese mismo auto, que ratificaba la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de mantener la dispersión, la Audiencia aludía a la «vía Nanclares» (que posibilitó la concesión de beneficios penitenciarios a presos que rompieron sus vínculos con la banda, mostraron su arrepentimiento y se mostraron dispuestos a colaborar con la Justicia y afrontar el pago de las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas). Y lo hacía «a la vista de los acontecimientos sociales, tales como el cese definitivo de la actividad armada, que no disolución o cesación global de la actuación de la banda terrorista». Una disolución que, tres años después, ya se ha producido.

Frente a ese grupo de reclusos acogidos a la «vía Nanclares», el tribunal oponía a quienes se negaban a «cortar con la ortodoxia de la banda armada» y estaban decididos a «continuar con sus postulados, no reconociendo a las víctimas y no cercenando así su pasado delictivo». «Es lógico que situaciones diferentes sean tratadas de distinta manera», concluía.

Desaparecida ETA, no hay posibilidad de romper con la banda, pero ¿se seguirá exigiendo ese reconocimiento a las víctimas?». Fuentes de las asociaciones de víctimas lo tienen claro: aunque la colaboración con la Justicia no es necesaria para autorizar esos traslados de centro, «el pronóstico favorable de reinserción pasa por esa colaboración para valorar su sinceridad. No hay verdadero arrepentimiento sin una colaboración con la Justicia».