Montoro deberá explicar al juez por qué negó malversación

Llarena advierte al ministro de que sus declaraciones «contradicen» las pruebas del caso.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe «a la mayor brevedad posible» sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que «ni un euro de dinero publico» fue destinado a pagar el referéndum ilegal del 1-O, ya que ello contradice «las fuentes de prueba recogidas» en la investigación judicial.

En una providencia dictada ayer, el magistrado del Supremo hace alusión a que durante las declaraciones indagatorias realizadas desde este lunes, varios de los procesados en prisión habrían aludido en su defensa a las manifestaciones al diario «El Mundo» en las que Montoro «supuestamente expresa la certeza de una ausencia de gasto público» en la organización de la votación ilegal. «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», dijo en concreto el ministro.

El juez advierte de que esa afirmación del titular de Hacienda «contradice» las pruebas recogidas en la instrucción judicial por lo que le exige que le informe por escrito del «concreto soporte objetivo» de sus declaraciones. A última hora, fuentes del ministerio señalaron en un comunicado que aportarán toda la documentación donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria.

Por su parte, los abogados de la acusación popular en la causa por el «procés», ejercida por Vox, señalaron ayer que Cristóbal Montoro debería dimitir si la instrucción demuestra que sí hubo malversación de fondos públicos para pagar los gastos de la consulta ilegal del 1 de octubre. «Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y también por su falta de control de fondos públicos», manifestó Javier Ortega Smith, abogado y secretario general de Vox, al término de la diligencia judicial, informa Ep.

En el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo el juez Llarena sí sostiene que se usaron fondos públicos para el 1-O. En esa resolución explicaba que «los gastos públicos [...] conforme a la evaluación hasta ahora practicada» suman un total de 1.602.001,57 euros.