El Constitucional avisa a Torrent de que puede incurrir en desobediencia

Los magistrados suspenden varios aspectos de una resolución de la Cámara catalana del pasado mes de julio en las que se avalaba el derecho de autodeterminación o se incluía la reprobación a la Corona.

El Tribunal Constitucional ha advertido de forma expresa al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, al secretario general, Xavier Muro, así como a seis miembros de la Mesa para que paralicen «cualquier iniciativa» que vaya en la dirección de poner en marcha el derecho de autodeterminación, así como de nada que suponga la reprobación de Felipe VI. A todos ellos se les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir» si no acatan su decisión. Estas notificaciones fueron realizadas personalmente ayer mismo por un secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien acudió a la Cámara catalana a tal efecto. Torrent, el vicepresidente segundo, Joan Garcia (Cs), y los secretarios de la Mesa David Pérez (PSC), Laura Vílchez (Cs) y Adriana Delgado (ERC) han firmado la notificación. Sin embargo, los miembros de la Mesa de JxCat –el vicepresidente primero, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós– atendieron al secretario judicial «pero no han recogido la notificación», según señalaron fuentes de JxCat.

Esta medida la ha acordado el Alto Tribunal tras admitir a trámite por unanimidad el incidente de ejecución de sentencia promovida por el Gobierno contra determinados incisos de la Resolución que aprobó el Parlament el pasado mes de julio, sobre las «propuestas para la Cataluña real». En dicha resolución, el Parlament vuelve a reafirmarse en su disposición de ejercer de manera concreta «el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria, por medio de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo».

Además, el Parlament se reafirmaba en la reprobación de Felipe VI «por su posicionamiento y su intervención con relación al conflicto democrático que general la negación de derechos civiles y políticos a Cataluña por parte del Estado español»; y, se reafirmaba «su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos».

El Gobierno presentó la impugnación de aspectos centrales de la citada Resolución del Parlament al entender que vulneraba dos sentencias del TC, al volver a proclamar el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña.

Una de las sentencias que se habría vulnerado, según el Ejecutivo, es la dictada el 2 de diciembre de 2015, en la que se declaró inconstitucional la Resolución que dictó el Parlament un mes antes «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015», la primera iniciativa sobre el proceso independentista que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament. La otra sentencia que el Ejecutivo considera que es contraria es la dictada el 13 de diciembre de 18, en la que se declararon nulos e inconstitucionales tres apartados de la Moción del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, «sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», en la que se insistía en la consecución de la independencia catalana.

«No será un órgano censor»

Una vez conocida la decisión del TC, el presidente del Parlament, Roger Torrent, insistió en que la Mesa «no se convertirá de ninguna forma en un órgano censor y seguirá protegiendo la libertad de expresión de los diputados». «Se debe poder hablar de todo y no solo de aquello que agrada al Gobierno español, por lo que la Mesa no puede censurar la iniciativa política de los grupos», destacó al respecto el presidente del Parlament.