El TC suspenderá la declaración rupturista 48 horas después del Pleno

El Constitucional dejará sin efecto el miércoles la propuesta secesionista que aprobará el Parlament el 9-N

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El Constitucional dejará sin efecto el miércoles la propuesta secesionista que aprobará el Parlament el 9-N

El Parlament de Cataluña debatirá y aprobará el próximo lunes, coincidiendo con el aniversario de la «consulta» del 9-N, la propuesta de Junts pel Sí y la CUP de iniciar el «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república», y, como primeras medidas, comenzar en un plazo máximo de 30 días la tramitación de las «leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública».

Sin embargo, los independentistas tendrán poco tiempo para «disfrutar» de esa resolución, pues en apenas 24 horas, el miércoles, el Tribunal Constitucional la suspenderá cautelarmente por un plazo inicial de cinco meses. Ese día, está previsto que el Pleno del Alto Tribunal admita a trámite el recurso que presentará el Gobierno de forma inmediata, y, consecuencia de ello, deje sin efecto la iniciativa de JxSí y la CUP.

Tal como adelantó ayer LA RAZÓN, el Gobierno celebrará el martes, apenas 24 horas después de la resolución de la Cámara catalana, un Consejo de Ministros para autorizar la interposición del mencionado recurso de amparo, en el que de forma expresa se invocará el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se establece que la impugnación ante el TC de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas producirá de forma inmediata la suspensión de la misma.

Los miembros del Gobierno tendrán encima de la mesa el informe que previamente habrá elaborado ya el Consejo de Estado, en el que se expondrán las tachas de inconstitucionalidad que contiene la declaración secesionista del Parlament de Cataluña.

También de forma inmediata y sucesiva, una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde a presentar el recurso, la Abogacía del Estado, que ya trabaja en las líneas argumentales centrales, lo formalizará el mismo martes ante el TC. Una vez se reciba, y dada la trascendencia del acto recurrido, el Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá de forma inmediata para admitirlo a trámite y suspenderlo. Lo hará en una providencia donde, simplemente, se señalará que, una vez presentado el recurso en el que se invoca la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, se admite a trámite y se suspende la resolución secesionista que se aprobará el lunes el Parlament. A partir de ahí, el Parlament debe tener claro que, ante cualquier acto tendente a vulnerar de alguna forma esa suspensión, el Tribunal Constitucional no permanecerá impasible y desplegará las facultades que le otorga la nueva Ley Orgánica del TC. Así, ante la presentación de iniciativas que de facto están afectadas por la suspensión, el Alto Tribunal requerirá su inmediata paralización y, en caso de que no se acate, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación la ejecución sustitutoria. Y todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales. El Ejecutivo confía en que no se llegará a esta situación, pero no dudará en hacer todo lo necesario para que se cumpla lo ordenado por el TC.

Tres varapalos del TC a los planes independentistas en el mismo día

El TC rechazó ayer tres resoluciones contra los planes soberanistas de Mas. Por un lado, el TC mantiene la suspensión cautelar de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2015, que permite «la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos», argumentando que pone en riesgo el interés general al impedir la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado para contener el gasto público. También acordó mantener la suspensión que pesa sobre el decreto con el que la Generalitat creó el Comisionado para la Transición Nacional, así como sobre el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado. Según el Tribunal, en este caso, se suscitan cuestiones que «inciden en ámbitos de la máxima relevancia jurídico-constitucional» como «la integridad misma de la Constitución», informa Rocío Esteban.