ERC, Junts y Moncloa bajan las armas en una cuenta atrás clave

El Gobierno afronta una semana clave para sus relaciones con sus socios. Tanto con Junts como con ERC. La relevancia de los temas explicaría el silencio y la poca belicosidad de los de Puigdemont y Junqueras. Incluso Junts votó está semana a favor de tramitar la Ley de embargo de armas a Israel cuando es conocida su cercanía con el estado israelí y con las organizaciones activistas judías. Como ejemplo sirva que el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió la expulsión de RTVE de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) cuando la televisión pública condenó la tragedia humanitaria de Gaza y Cisjordania. Eso sí, un poco de ruido con la crítica de Puigdemont al cierre de la Delegación de Cataluña en Tel Aviv. Y un detalle no menor. Junts se abstuvo en la segunda reprobación del ministro Óscar Puente, cuando votó a favor en la primera. Quizá tenga algo que ver el pacto entre Junts y Puente para desbloquear la llegada de la Alta Velocidad al aeropuerto de El Prat.

Estos movimientos no auguran acercamiento. Al contrario. Junts y ERC votaron con el PP a favor de una moratoria nuclear y Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad de la Ley de reducción de jornada. Sin embargo, los partidos independentistas han dejado el ruido en un cajón como se demostró en el decreto anti-aranceles. Y se repetirá en otro evento no menor. El Rey Felipe VI volverá a Cataluña el próximo 23 de junio –tal y como ha avanzado «El Periódico»– al milenario de Montserrat, cuna del catalanismo. Ese mismo día, el Rey acudirá al 50 aniversario de Badia del Vallès, una ciudad dormitorio a 15 kilómetros, tradicional feudo socialista, que acogió en la década de los años 60 a la inmigración que llegaba a Cataluña del resto de España.

Otras fuentes apuntan que Junts está sometida a la presión empresarial –que se escenificó en las Jornadas del Círculo de Economía– para un acercamiento con los socialistas en Cataluña, Barcelona y España. El objetivo es evitar acuerdos solo con la izquierda, que aumentan, a criterio de los empresarios, la presión fiscal. En Barcelona, Junts se ha acercado a Collboni para alcanzar un acuerdo para eliminar la reserva del 30% de las promociones inmobiliarias para uso social.

En Cataluña, el diálogo es nulo, pero no hay crispación y las miradas están puestas en la ampliación del aeropuerto. El presidente Illa ha avanzado que en junio hará público el proyecto de ampliación, aunque ya va con retraso. El apoyo de Junts es fundamental y el partido de Puigdemont deberá decidir si apoya al Govern o sigue manteniendo la incógnita para forzar un nuevo fracaso. Esto último no es del agrado del empresariado catalán, que se lo ha hecho saber a Puigdemont. Con este puzzle, nudo gordiano más bien, encima de la mesa, el Gobierno y sus aliados catalanes mantienen un perfil bajo con diferentes frentes abiertos: dos, se solventarán esta semana. Y un tercero, en el Tribunal Constitucional en escasas fechas.

El martes se reúne en Bruselas el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Sobre la mesa, la oficialidad del catalán, gallego y euskera. El problema es que, para pasar esta meta volante, el tema debe ser aprobado por unanimidad y no es fácil, como pudo comprobar el Gobierno español en su etapa en la Presidencia rotatoria de la UE. Y un problema añadido: los esfuerzos del ministro Albares por conseguir los apoyos cuentan con no menos esfuerzos de la eurodiputada popular catalana, Dolors Montserrat, para que no los tenga. A la reunión asistirá el ministro Albares y será seguida con atención por Junts porque consideran que, después de dos años, el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos. En el ministerio afirman que «hasta la misma reunión no sabremos qué pasará porque es necesaria la unanimidad. Lo que es seguro es que lo llevamos para adopción. Y estamos hablando con todos para que salga adelante».

La segunda cita es en el propio Consejo de Ministros que debe decidir sobre la OPA del BBVA al Sabadell. El Círculo de Economía mandó esta semana un nuevo mensaje: el Gobierno debe decir que «no» al BBVA porque la operación desequilibraría todavía más la economía catalana con respecto a la economía madrileña, y Foment del Treball ha estado especialmente activo frente al banco vasco en defensa de la pequeña y mediana empresa catalana.

Por último, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la Ley de Amnistía antes del verano. De hecho, el último obstáculo ha sido solventado por el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, desestimando aplazar el debate como proponían tres magistrados conservadores. El propio presidente Illa, en una entrevista televisiva, dijo estos días que encontrará el momento oportuno para realizar un encuentro con Puigdemont. Mientras, Sánchez e Illa trabajan mano a mano preparando la cumbre de presidentes autonómicos en Barcelona el próximo junio. Ahí también se la juegan porque los pactos de financiación autonómica van tarde, pero también se retrasa la aplicación de la quita de la deuda. Y ambos fueron compromisos que Illa adquirió con ERC.

El castillo de naipes, de momento, aguanta el tipo y no se cae, porque el mejor pegamento es mantener a Pedro Sánchez en Moncloa frente a un Partido Popular que está en contra de la financiación singular para Cataluña, la amnistía, el catalán en Europa y que cuestiona la OPA del BBVA a Sabadell si no se dan más garantías para pymes y autónomos.