«Es un enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía»

Las declaraciones en el despacho de Alaya están siendo maratonianas. La del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín se prolongó siete horas, descontando el descanso del almuerzo. Los interrogatorios de la magistrada son de pulso por agotamiento. El problema es que tiene el tiempo en contra. Los más de veinte detenidos el miércoles tienen que declarar en 72 horas. Se le acaba el plazo. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer prisión comunicada y sin fianza para Albarracín. El Ministerio Público argumentó que durante el tiempo que estuvo en la empresa comisionista, entre 1995 y 2011, aumentó su patrimonio de forma desproporcionada.

La mujer del ex directivo de Vitalia también ha sido detenida. El nombre de éste ha aparecido más de una vez relacionado con sobres de billetes en metálico. Primero fue el testaferro Francisco Algarín Lamela el que dijo ante la Guardia Civil que en una ocasión viajó a Madrid para entregarle a Albarracín sumas en metálico. También ejerció supuestamente de correo el que fuera chófer del ex director general de Trabajo, Juan Francisco Trujillo. Al menos en dos ocasiones, viajó a Madrid –así se lo dijo a la juez hace justo un año– para entregar sobres con «billetes grandes» al directivo de Vitalia. El abogado de Albarracín, Francisco Rubiales, alegó, en descarga de su defendido, que ha sido un «simple trabajador», sin un «triste poder». «La responsabilidad recae en los cargos políticos, que no se preocuparon de que las condiciones (de los ERE) fueran las correctas». «Es un enorme fraude propiciado por la Junta», añadió.

El «conseguidor» en la trama de los ERE y ex dirigente de UGT-A, Juan Lanzas, llegó ayer al juzgado con otra actitud que el 20 de septiembre pasado, cuando declaró en la comisión de investigación de los ERE. En sede parlamentaria, con gafas de sol y tono zumbón, dijo que «dormir, lo que se dice dormir», nunca había dormido con el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero. En la espera para declarar ante la juez instructora, ya se temía lo peor. «Yo hoy voy "palante"», se le escuchó.

Entre bambalinas, Lanzas comentó que en el registro de su casa, donde la Guardia Civil incautó 80.000 euros en metálico, tuvo que afanarse para convencer a los agentes de la UCO de que dejaran un sobre con 250 euros que encontraron en el cuarto de su hija. Era un regalo de sus padrinos y así rezaba en la solapa: «De tus padrinos». Lanzas estaba anoche en cola para declarar. También el directivo de Mercasevilla Daniel Pone. La mujer de Lanzas y el ex chófer de Guerrero, hoy.

El otro cargo de Vitalia que pasó por el juzgado fue Jesús Bordallo, que negó que fuera director regional, sino un simple consultor. Dejó el edificio del Prado al filo de la una de la madrugada del jueves. Tendrá que acudir cada 15 días. Dijo desconocer las comisiones, aunque Vitalia, junto, a Uniter, son las dos principales empresas mediadoras de la trama. Bordallo está en el punto de mira, además, por la introducción de dos sindicalistas de UGT en el ERE de Saldauto, de lo que culpó en su día, sin embargo, a un ex parlamentario del PSOE.

El abogado de Guerrero recurrirá el auto de prisión.

«Hay que replantearse el pacto de IU con el PSOE»

N. Acedo

El «tsunami ERE» ha alcanzado al Gobierno PSOE-IU de Andalucía. El líder de la coalición y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sostuvo ayer que su formación se replantearía el pacto con los socialistas «si la Justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto encima de la mesa» y se superasen «los límites del compromiso de gobierno». Pero hay quien piensa que no es momento de medias tintas. «La magnitud que ha tomado el caso, con más de 80 imputados, es suficiente para replanteárselo ya», aseveran fuentes del movimiento de IU por la Base. «Podríamos estar gobernando con corruptos», apuntan desde otra de las corrientes de la federación, la CUT-BAI, que pedirá que «esta cuestión se incluya en el orden del día de la próxima Ejecutiva». «Es incomprensible –lanzan– que durante más de una década los máximos dirigentes del PSOE-A no hayan actuado para frenar lo que estaba sucediendo». Entienden que «no tiene sentido que un consejero vaya a la cárcel –el ex titular de Empleo, Antonio Fernández– y el que lo ha nombrado y quienes lo han auspiciado no asuman nada». En ese sentido, recuerdan que el artículo 124 del Estatuto de Autonomía alude a la responsabilidad política «solidaria» del Consejo de Gobierno de la Junta.

Caso Campeón

Blanco critica la «chocarrera» investigación de la UDEF

Ricardo Coarasa

La defensa del ex ministro José Blanco reclama el archivo de la causa contra él en el «caso Campeón» por las «graves irregularidades» de la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que según su defensa debería acarrear la nulidad de las actuaciones. En su escrito de alegaciones a la petición de suplicatorio que reclama la Fiscalía para poder sentarle en el banquillo, el abogado de Blanco, Gonzalo Martínez Fresneda, niega que el ex ministro usara su influencia para que el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) concediera una licencia a su amigo el empresario José Antonio Orozco para instalar una nave industrial. «Le pidió una reunión con el alcalde», afirma el letrado, «y lo único que hizo fue comentarle el tema a su secretario de Estado, para ver si el alcalde podía recibir a Orozco. No hizo nada más». Según él, «nunca habló con el alcalde y se despreocupó del tema».

La defensa de Blanco denuncia que la UDEF aportó a la causa, el 31 de octubre del pasado año, un informe, «que el instructor no había ordenado», sobre la concesión de la licencia a Orozco. Y lo hizo, subraya, «con la instrucción ya concluida» y accediendo, «sin tener autorización expresa», a comunicaciones intervenidas por otro, un procedimiento que califica de «chocarrero» y que, en su opinión, ha generado indefensión a su cliente.