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España podrá decidir sobre el Peñón de Gibraltar si hay Brexit duro

Bruselas se prepara para apretar el botón del pánico ante una salida a las bravas de Reino Unido de la Unión Europea.

Bruselas se prepara para apretar el botón del pánico ante una salida a las bravas de Reino Unido de la Unión Europea.

Brexit significa Brexit. Parece que en esto es lo único en lo que están de acuerdo ahora mismo Bruselas y Londres. Ante lo que parece un diálogo de sordos, las dos partes quieren demostrar que están preparadas para lo peor. Ayer Bruselas decidió desvelar un plan de 14 medidas para proteger a los sectores más afectados por una ruptura traumática, con el fin de conseguir un aterrizaje lo más suave posible.

El Ejecutivo comunitario no incluye en este texto desvelado ayer al Peñón de Gibraltar, por lo que la Roca queda en una situación de extrema vulnerabilidad si el 29 de marzo Reino Unido y los Veintisiete terminan como perfectos desconocidos tras una tormentosa relación de 40 años. Según la comunicación elaborada por la Comisión, «las leyes europeas se aplican a Gibraltar en su condición de territorio europeo de cuyas relaciones externas es responsable un Estado miembro». Fuentes diplomáticas confirmaron a LA RAZÓN que la mención específica al Peñón es fruto de presiones del Gobierno español, escarmentado por la inclusión a última hora del artículo 184 del acuerdo de salida. Las mismas fuentes explicaron que los cuatro memorandos de entendimiento y el acuerdo fiscal firmados entre Londres y Madrid en noviembre quedan «en el aire», pues dependían de la aprobación por parte británica del pacto con Bruselas. Las medidas aprobadas ayer por la Comisión dibujan, por tanto, el peor de los panoramas para las autoridades gibraltareñas: si Westminster no refrenda el acuerdo de salida, ninguna medida transitoria ni de contingencia atenuará el más brutal de los Brexits posibles para Gibraltar, que quedará prácticamente a merced de lo que decida España unilateralmente. «No hay por qué entrar en pánico», aseguro el viceministro principal, Joseph García, tras conocerse las medidas de Bruselas.

No fue esta la única mala noticia que recibió ayer Picardo. La Comisión decidió también que Gibraltar debe recuperar 100 millones de euros en concepto de ayudas estatales a diversas multinacionales al determinar que estas fueron ilegales. La decisión es fruto de una investigación incoada por Joaquín Almunia en octubre de 2013, cuando aún era comisario de Competencia.

En cualquier caso, si al final se ponen en marcha las medidas de contingencia anunciadas ayer por Bruselas, éstas serán «temporales, limitadas en su alcance y unilaterales», pero eso no incluye cierta voluntad de colaboración, ya que muchas de las medidas para evitar el colapso están supeditadas a la reciprocidad por parte de Londres con medidas equivalentes. Bruselas propone una especie de moratoria de 9 a 12 meses en los sectores clave, pero esto no supone prorrogar el estatus quo, se trata tan solo de preservar el funcionamiento de aquellos servicios considerados esenciales. Si el 29 de marzo no hay acuerdo, no solo se pone en peligro lo acordado en el divorcio. Tampoco entrará en vigor el periodo de transición –previsto hasta diciembre de 2020– en el que Reino Unido se asegura el acceso al mercado único europeo, aunque sin la participación en las decisiones y con la obligación de respetar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo. Éstas son las principales medidas de contingencia aprobadas ayer por la Comisión:

Derechos ciudadanos

Bruselas invita a las capitales a un comportamiento «generoso» con los ciudadanos británicos siempre que haya reciprocidad por parte de Londres. Concretamente, se muestra a favor de la conservación del derecho de residencia y promueve mecanismos de coordinación sobre el acceso a la seguridad social. Bruselas también pretende dejar exentos de visado a las estancias de corta duración si Londres hace lo mismo.

Sector aéreo

Las compañías con capital británico perderán la licencia comunitaria tras la salida de Reino Unido, lo que puede acabar afectando a Iberia. Se trata de asegurar una «conectividad básica» sin mantener las ventajas del Cielo Único Europeo. Se garantizará durante doce meses la prestación de determinados servicios aéreos (sin conexiones o escalas hacía terceros países) y durante nueve la validez de determinados certificados de seguridad. Los viajes en autobús y en tren podrán continuar siguiendo las normas internacionales vigentes.

Mercancías

Se permitirá el acceso de los bienes británicos en transporte por carretera siempre y cuando Londres haga lo mismo con los camiones procedentes de los Veintisiete y se aplicará la legislación sobre exportaciones e importaciones. Se incluirá a los mares que rodean Reino Unido en las normas sobre los plazos en los que deben presentarse las declaraciones de entrada y salida de productos. Se añadirá a Reino Unido en la lista de países que ostentan una autorización general válida en todo el territorio comunitario, para exportar productos de doble uso (civil y militar).

Sector Financiero

Bruselas cree que tan solo son necesarias un número «limitado» de medidas. Por eso propone una equivalencia de un año para las cámaras de compensación que trabajan con derivados. Los bancos y aseguradoras británicas no podrán operar en el territorio comunitario a menos que se establezcan en alguno de los países del bloque.