España rechaza las «expulsiones colectivas» hacia Turquía

García Margallo considera que el acuerdo con Ankara atenta contra la Convención de Ginebra y los tratados europeos

España podría rechazar el acuerdo que se quiere aprobar a nivel europeo para la gestión de refugiados. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, consideró ayer en Bruselas que el principio de acuerdo alcanzado es directamente ilegal y atenta contra la Convención de Ginebra y los Tratados europeos. Su postura coincide con la de todas las organizaciones internacionales y de defensa de los Derechos Humanos.

El rechazo abiertamente de España al acuerdo con Turquía en los términos que se ha planteado, incluyendo la repatriación de refugiados desde Grecia a Ankara, podría dificultar que se cierre el acuerdo final este jueves como se tenía previsto. Según el ministro, España no aceptará un texto que no vele por proteger los derechos de los demandantes de asilo y que, además, permita «expulsiones colectivas».

«Esa propuesta nos pareció desde el primer momento, desde el punto de vista del Gobierno, inaceptable», señalaba el ministro a su llegada al Consejo de Exteriores europeo. Al concluir el mismo, el titular de Exteriores volvió a incidir en su mismo discurso. No dudó en criticar de nuevo el preacuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, al considerar que la Unión Europea no puede «ignorar sus principios». «Eso sería el principio del fin», dijo.

El objetivo de España es trabajar para que se ponga sobre la mesa un texto que no vaya contra el derecho internacional. En este sentido, Margallo reconocía la necesidad de encontrar una cooperación con Turquía que consiga frenar la afluencia masiva de refugiados que supone hoy «el mayor drama humano desde la Segunda Guerra Mundial». «La voluntad del Gobierno en funciones es que se llegue a ese acuerdo con Turquía», insistió. Desde la Comisión Europea no han tardado en contestar a sus críticas. El portavoz de la CE, Margaritis Schinas, rechazó que el acuerdo con Turquía no sea legal. «Para la Comisión, el preacuerdo que fue aprobado el lunes pasado es un acuerdo legal. El presidente Jean-Claude Juncker así lo afirmó en la Cumbre y en la rueda de prensa», recordó su portavoz.

Sin embargo, reconoció que siguen los trabajos para alcanzar el acuerdo final porque lo que hay hasta ahora «es un preacuerdo». En este contexto, pidió paciencia a todos los países hasta que tengan en sus manos el último borrador para poder valorar la propuesta en su conjunto. «Mejor hacer una evaluación al final del proceso que en el medio», ironizó. El principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes con Turquía recogía expresamente una mención a que se encontraría la vía legal para garantizar que el acuerdo entrase dentro de la legalidad internacional. Europa quiere de esta forma acabar con las llegadas sin control. Los refugiados podrán ser reubicados en la UE desde Turquía, pero tendrán que esperar en suelo turco hasta que la demanda haya sido tramitada y conozcan el país al que van a ser trasladados.

En el caso de que un ciudadano sirio cruce hasta Grecia de forma ilegal, será deportado y su caso pasará a la cola en las tramitaciones legales. Esta propuesta se valorará en detalle en una nueva cumbre que ha sido convocada expresamente para ello, a la que acudirán todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos junto con el primer ministro turco. El objetivo es cerrarlo el jueves, tal y como anunció la semana pasada el presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, según avanza la semana van surgiendo dudas de que pueda sellarse sin que los líderes se enfrenten a una larga noche de debates.

Es necesaria más diplomacia para encontrar la propuesta justa que permita aliviar la presión migratoria, a la vez que se suma el apoyo de Turquía para la gestión en conjunto de la crisis migratoria. Los líderes acordaron el pasado lunes la estructura del acuerdo y para esta semana queda por perfilar los detalles del mismo. Entre lo más problemático también destaca la exención de visados a los ciudadanos turcos casi de forma inminente, a partir del mes de junio, a cambio de su ayuda con los demandantes de asilo.