Esquerra reta ahora a Sánchez con la "guerra judicial" del Estado y pide crear una Comisión en el Congreso

Pedro Sánchez, cercado por la investigación que se cierne sobre las actividades de su mujer, ha adoptado ahora el discurso del independentismo, crítico con los jueces. Y Esquerra, aprovechando este contexto, ha registrado en el Congreso una iniciativa para crear una Comisión Independiente "sobre los casos de guerra judicial en el Estado español" y "depurar las cloacas del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas". La iniciativa es una proposición no de ley que los republicanos quieren llevar a debate y votación en un Pleno.

En concreto, los republicanos piden "depurar las cloacas del Estado" y ponen en el punto de mira un castigo "a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas". Si no fuera suficiente con ello, también plantean el impulso de "las medidas legislativas que permitan una lucha eficaz contra las cloacas".

Además de la creación de la Comisión y "depurar las cloacas del Estado", los republicanos también instan al Gobierno a modificar la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales; además, reclaman la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los republicanos también piden al Estado "cumplir con todas las resoluciones de organismos oficiales internacionales realizadas en el Estado español para garantizar los derechos humanos, políticos y democráticos".

Los republicanos, igual que Sánchez, quien ha puesto en el punto de mira a la prensa, consideran que se debe crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, "vele para evitar la desinformación, realice prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante eventuales abusos y distorsiones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, la difamación y la calumnia, garantizando así el derecho constitucional a una información veraz". "Los colegios profesionales y los ámbitos académicos serán los principales responsables de la gestión de este Consejo", precisan.

Los republicanos creen que las estructuras del Estado "han sido utilizadas para llevar a cabo guerra sucia y terrorismo de Estado" y han servido para "infiltrar, espiar, perseguir y reprimir movimientos sociales y políticos como el independentismo": "Son las mismas que hoy amenazan al propio Gobierno español por motivos ideológicos". "El reconocimiento de la existencia de guerra judicial o lawfare por parte del Gobierno español pone en cuestión la máxima reiterada por el propio Gobierno español cada vez que salía a la luz un caso de guerra judicial contra otros: que España es una democracia plena", resumen los republicanos en la iniciativa.

Por todo ello, ERC reta ahora al Gobierno a "demostrar ahora su compromiso contra toda corrupción, y en particular policial, judicial, política y democrática". Esta Comisión será conformada por miembros elegidos por los grupos parlamentarios y "deberá realizar un memorando de causas de guerra judicial desde la aprobación de la Constitución española, así como proponer medidas para acabar con estas prácticas y de resarcimiento de las víctimas".