ETA prepara una trampa para obligar al Gobierno a negociar

ETA, en la última reunión de su dirección, decidió, de puertas hacia dentro, mantener la estrategia de exigir la negociación con los gobiernos de España y Francia para que, a cambio de un supuesto «desarme», que se produciría en las condiciones marcadas por los terroristas y controlado por quienes han designado, se produjera la excarcelación de los presos y la salida de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y Navarra. Otra cosa es la «trampa» que preparan para tratar de engañar al Gobierno. Esta estrategia respondería también a la intención de transferir al Ejecutivo la supuesta «culpabilidad» de una escisión en la banda por su «inmovilismo».

Sin embargo, y tras mostrar, en su último comunicado, su disconformidad con aspectos relevantes de las conclusiones del llamado Foro Social, celebrado meses atrás en Bilbao y Pamplona (uno de sus promotores tuvo que rectificar públicamente en el sentido de que no estaba garantizado el desarme de ETA), la banda no renuncia a salirse con la suya, sobre todo porque los presos «vienen apretando», según fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Los cabecillas de la organización criminal traman la realización de un «gesto», que se trataría de una trampa, con el fin de llevar al Gobierno a una especie de callejón sin salida, en el que, según la teoría de los pistoleros, no tendría más remedio que pasar por una «pantomima» de entrega de las armas, aunque sean las que ellas quieren, inservibles casi todas. Todo un gesto de cara a la galería, como pasó con el IRA en su momento, ya que el arsenal operativo seguiría en los zulos.

La trampa podría consistir en comunicar la ubicación de algunos de los escondites, aunque sobre este extremo ya se ha especulado mucho en el pasado sin que, al final, se haya concretado nada. Además, el Gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a prestarse a este tipo de maniobras y que los mejores verificadores de una entrega real de armas y explosivos son las Fuerzas de Seguridad españolas y, en su caso, con la colaboración de las francesas.

La segunda quincena de septiembre y, en cualquier caso, el mes de septiembre, van a ser, según las citadas fuentes, pródigos en acontecimientos en el mundo de ETA. Por un lado, los militantes de la organización criminal deberán recibir la «circular» con las conclusiones del debate interno que se ha celebrado en los últimos meses. Los presos también tienen previsto dar a conocer sus propias resoluciones. Y todo ello, después de que los de Bildu, Amaiur y Sortu hayan disfrutado, sin ningún recato, de las fiestas patronales en sus localidades mientras los reclusos siguen viendo pasar promesa tras promesa, y ninguna se cumple.

Además, los miembros de la Comisión Internacional de Verificación marcaron septiembre como plazo improrrogable. Si ETA no daba un paso, se retirarían definitivamente, algo que no parece preocupar a los pistoleros, que ya han renegado de ellos de forma pública. Aunque si los pueden utilizar de nuevo, no dudarán en hacerlo. Por ello, y para evitar males mayores (como una escisión, que algunos expertos dan como muy probable), la banda remitió recientemente a las cárceles una circular en la que hacía valer su autoridad. Las órdenes eran tajantes: no pueden arrepentirse, buscar salidas individuales y pedir perdón. El castigo por el incumplimiento de las órdenes, el envío a las «tinieblas», fuera del «colectivo» (EPPK).

Líneas rojas

Para que la circular tenga más fuerza, ETA ha hecho que vaya suscrita por la dirección del «colectivo», que ella mismo designó, entre los que figuran Miguel Albisu Iriarte, «Antza»; Soledad Iparraguirre Guenechea, «Anboto»; y José Javier Arizcuren, «Kantauri».

ETA deja claro a sus presos que hay «líneas rojas», que no se debe atravesar y son las tres antes citadas. Asimismo, subraya que no van a «negar el pasado» y que, aunque reconocen que han hecho daño y causado sufrimiento, tienen derecho a la «amnistía» como «una solución completa». El agrupamiento de los presos en el País Vasco y Navarra como fin de la dispersión sería un paso previo e imprescindible.

Otra de las decisiones de ETA es exigir a las organizaciones de su entramado el incremento de la desobediencia civil y las «denuncias» contra el Gobierno por su supuesto «inmovilismo», como hizo recientemente el presidente de Sortu, Hasier Arraiz.