Fernando Grande-Marlaska: «Cuando no se dicta en tiempo, quizá la sentencia no es tan justa»

«Si nosotros no tomamos decisiones, otros las tomarán por nosotros», así lo aseguró el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando Grande Marlaska, y hoy recién nombrado ministro del Interior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el evento Management & Business Summit, que organizó Atresmedia el 28 de mayo con directivos en búsqueda de las claves del éxito empresarial y que fue inaugurado por el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González. Apenas unos días antes de que fuera elegido para formar parte del Ejecutivo del nuevo presidente del Gobierno.

–Ahora que se cuestiona a los jueces, ¿la Justicia es justa?

–No podría decir lo contrario. Aplicamos el ordenamiento jurídico y los valores que informan nuestro sistema jurídico. Las resoluciones son justas, otra cuestión es que cuando no se dicta en tiempo, quizá no es tan justa, por eso pedimos más medios.

–¿Cree que hay motivos para la huelga de jueces y fiscales del mes de mayo? ¿La habría secundado?

-Como vocal no me he planteado nunca ejercer la huelga. Es una herramienta discutida para el Poder judicial, es decir si tenemos derecho o no. Lo único que puedo hacer es solidarizarme con las razones de mis compañeros: a la necesidad de más medios personales y materiales, a que se tomen las medidas necesarias para poder dar un servicio eficaz y eficiente, así como su lucha para recuperar los derechos laborales que se nos limitaron con la crisis de 2008 porque sí los han recuperado el resto de la función pública.

–¿Tienen los jueces los suficientes recursos para luchar contra la corrupción?

–Tenemos recursos legales, cada vez más, no podemos obviarlo, también la colaboración de la Administración General del Estado, la Agencia Tributaria, la policía judicial, pero necesitamos todavía más, como medios personales, más policías destinados a la investigación e instrucción, algún órgano judicial más, unos órganos judicializados con competencias a nivel autonómico dependiendo del alcance de la corrupción.

–¿En España hay presos políticos?

–No. En España hay algunos políticos que están en prisión por distintos motivos, pero los delitos no califican el carácter del preso, en su caso lo que le califica es su profesión

–¿La euoroorden funciona? Era la confianza entre Estados..

–En alguna ocasión podemos tener diferencias de criterio unos países con otros a la hora de formalizar una orden europea de detención y entrega, yo entiendo que sí funciona, un 90% de las ordenes son materializadas.

–El proceso separatista en Cataluña es el mayor desafío al Estado de Derecho en los 40 años de Democracia?

–Junto al terrorismo de ETA y la corrupción son los tres desafíos mayores al Estado de Derecho y no sé a quién le daría la medalla de oro, de plata y de bronce, todos tendrían la medalla de oro.

–¿Cree qué puede producirse en el País Vasco la misma situación que en Cataluña?

–Espero que no. Creo que los vascos somos suficientemente inteligentes como para no reproducir ni errores propios ni ajenos.

–¿Qué valoración hace de la disolución de la banda terrorista ETA?

–Quien disolvió a ETA fue el Estado de Derecho, la sociedad civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ETA lo que ha hecho es la escenografía de esa disolución obligada por la propia sociedad.

–¿Cree que con la desaparición de ETA la Audiencia Nacional puede subsistir?

–Claro. La Audiencia no nació para el terrorismo. La razón por la que nace según el real decreto de su constitución es que hay una nueva realidad criminal preocupante y es la económica que es la que afecta a más de una provincia. Esa es la razón fundamental de la Audiencia. La competencia en materia de terrorismo se la atribuye a finales del 1978. Desde hace años, los asuntos más relevantes son de carácter delincuente económico, crimen organizado... Todos estos casos dan continuidad al órgano.

–¿Qué le parece la reacción a la sentencia de La Manada?

–Tenemos que estar acostumbrados a las críticas sociales, que enriquecen, pero las criticas de representantes políticos deben ser muy cuidadosas porque ponen en tela de juicio la confianza en las instituciones.

-Tras la resolución de los jueces en este caso, ¿es partidario de la reforma de delitos sexuales?

–Creo que hay que ser muy cautos. El código penal es la Constitución en negativo, al igual que la Constitución no se modifica cada dos o tres años, el Código Penal es el segundo cuerpo normativo que debería modificarse en menos ocasiones. Hay que estar muy seguros. Ya veremos cuando haya una sentencia firme. Entonces habrá que valorar si es necesaria o no la modificación, pero hay que esperar.

–Como magistrado ¿cuál fue su decisión más difícil?

–La «Doctrina Parot» fue la más difícil. Creía que la interpretación era razonable porque se establecía un limite máximo de 30 años para cuando había gente que había asesinado a muchas personas, pero el Tribunal de Derechos Humanos entendió que habíamos modificado el criterio y que esa modificación no quedaba amparada legalmente. Esa es la cuestión, hubo que asumir la resolución del Tribunal. Por eso fue más dura, porque aún no compartiendo la decisión la única posibilidad era asumir ese pronunciamiento.