El fiscal general del Estado se defiende y advierte que no está sometido "al control político" del Senado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha descartado que vaya a dejar su cargo después de que ayer el Senado, con la mayoría del PP, sacara adelante una petición de destitución y se ha defendido: "El fiscal general del Estado no está sometido al control político del Senado porque no es parte de ese Gobierno". También reprochó que le hayan reprobado sin haber sido escuchado y equiparó la decisión a lo que ocurre en un "tribunal de honor".

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a la cadena Ser en la que consideró que la Cámara Alta ha incurrido en "un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal y de lo que es el fiscal general del Estado en una democracia y en España" y añadió que él no es un actor político y, por lo tanto, no puede ser "cesado por el Gobierno".

Además de subrayar que él ejerce como fiscal general para todos los partidos, recordó que hace unos meses el PP presentó una querella en su contra que fue archivada por el Tribunal Supremo (TS) y descartó sentirse "perseguido" por el alto tribunal, que tiene que decidir sobre su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado.

Sobre la recusación de cuatro magistrados que ha planteado, ha dicho que es algo "muy respetuoso con la Sala". Aclaró que la demanda se basa en la calificación de "inidóneo" para repetir en el cargo por parte del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la sentencia del TS que dice que ha incurrido en "desviación de poder". Y explicó que no le parece "sensato" que los mismos magistrados que así lo determinaron se pronuncien sobre este asunto.

"Es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la Sala" y sostuvo que si no aceptan la recusación, "se sigue adelante", pero matizó que "ejercer tus derechos" para defenderse no puede ser interpretado como el uso de la ley de manera "torticera".

García Ortiz aseguró que está en su cargo para transformar el país a pesar de los numerosos obstáculos que afronta y que sabía que habría. "Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es el espacio de la Justicia en este país, sabíamos que tenía un coste, pero la ilusión permanece y yo creo que estamos obligados a continuar", señaló ante la pregunta sobre si se cuestiona si vale la pena estar al frente de la Fiscalía General del Estado.

Nombramiento de Dolores Delgado

"Estoy en un puesto en el que se toman decisiones todos los días" y reconoció que "me equivoco como se equivoca cualquier persona". Pero insistió en que "todo lo que se ha hecho, todo, tiene una explicación" y que, en todo caso, los tribunales pueden definir si algo es correcto o no.

Con todo, no reconoció como un error el nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una decisión que acaba de ser anulada por el Supremo, que en noviembre ya había declarado nulo su ascenso s fiscal de Sala del alto tribunal. Por el contrario, aseguró que la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado es "la persona que mejor puede realizar esa labor".

García Ortiz explicó que la anulación de su nombramiento es un tema "más formal" porque cuando se convocó al Consejo Fiscal coincidió con la convocatoria de las elecciones generales del 23J. Entonces, anticipó la reunión una semana para evitar que se instrumentalizase este acto. Entonces, "sorpresivamente" se planteó un expediente de incompatibilidad que él vio como "una cuestión dilatoria" y rechazó instruirlo. Durante la entrevista, reveló que uno de los vocales planteó esperar porque el posible futuro Gobierno podría frenar la puesta en marcha de la Fiscalía de Memoria Democrática.

"Me pareció muy tosco el razonamiento", denunció. Por ello, decidió "tirar para delante" porque "no puede un requisito formal impedir que se cumpla la ley, el mandato del legislador y el mandato de la convocatoria", reiteró.

Pero ahora "el Supremo me ha corregido". Sin embargo, para el fiscal general del Estado esto no impide "que volvamos a la casilla de salida" y que se analice ese expediente de incompatibilidad. "Vamos a ver primero el expediente", ha dicho, cuando le han preguntado sobre si volverá a proponer a Dolores Delgado.

El expediente de incompatibilidad se basa en que Baltasar Garzón, el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional que es pareja de Delgado trabaja en una asociación de derechos humanos. Él descartó que existiera esa posible incompatibilidad porque entiende que no ejerce "ninguna actividad mercantil o industrial" que la justifique. "Que exista esta fiscalía es fundamental", reiteró.

Asociaciones y partidos políticos

Al ser preguntado sobre una posible complicidad entre los miembros de la judicatura y los partidos en el ejercicio de su profesión, García Ortiz lo descartó. Pero sí admitió que "entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos". Dice que es una "evidencia", pero que eso no afecta a su actividad profesional

"Cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco", reflexionó.

Sobre los pasos de la política a la judicatura y a la inversa, dijo que "puede hacer daño", pero reitera que las reglas del juego son las que son. Pese a ello, el fiscal general señaló que "cuanto más se visualice la independencia" del Poder Judicial, es mejor de cara a los ciudadanos, por lo que es partidario a elevar los estándares desde el campo legislativo en este aspecto.

Polémica por el novio de Ayuso

También se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigar la querella que el empresario Álvaro González, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid por un posible delito de revelación de secreto, en contra del criterio de la Fiscalía y "de la Junta de fiscales de Sala"

Sobre la discrepancia, dijo que entiende la decisión y señala que esto se explica "porque nosotros sabemos todo lo que pasó. El Tribunal Superior de Justicia solo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos. Si se examina la querella y lo que nosotros conocemos, faltan muchos hechos en esa querella". Y explicó que "a lo mejor no está mal" que se sepan todos los detalles.

Además reiteró que la información que aparecía en la nota de prensa ya se conocía y que la Fiscalía "tiene un mandato legal de informar a la opinión pública" y que debe dar una "información veraz".

Advirtió que "nos guardamos mucho de desvelar" los detalles de la negociación que hizo la defensa del novio de Ayuso con la fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad por dos delitos contra la Hacienda pública que finalmente no prosperó.