La Fiscalía traslada al Supremo la denuncia por financiación ilegal contra Alvise Pérez

La Fiscalía General del Estado ha enviado a la del Supremo la denuncia interpuesta por el empresario Álvaro Romillo contra el líder de Se Acabó la Fiesta, Luis «Alvise» Pérez, en la que le acusa de la financiación ilegal de su formación política al confesar el primero que le entregó 100.000 euros en efectivo para su campaña de las europeas.

El fundador de Madeira Invest Club (MIC), compañía de inversión en criptoactivos que recientemente cerró y, en su momento, promocionó el propio Alvise, denunció esta entrega de dinero en metálico el pasado 19 de septiembre.

Ahora, se ha trasladado a manos de la Fiscalía del Supremo, tribunal en el que el político está aforado por su condición de eurodiputado. Se prevé que la Fiscalía abra diligencias para analizar si existen indicios para seguir adelante o no con la investigación penal.

La legislación establece el límite económico de que la misma persona no podrá donar anualmente más de 50.000 euros a una formación política y, por otro lado, cualquiera superior 25.000 debe ser comunicada al Tribunal de Cuentas (TC).

Ya solo la cantidad de dinero que le habría dado Romillo a Alvise para hacer frente a los gastos de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo es el doble del máximo que establece la legislación.

Romillo relata que tuvo contacto directo por primera vez con el líder de Salf el pasado 29 de este pasado mes de marzo y fue el ahora eurodiputado el que le contactó por WhatsApp con el interés de concretar una reunión para que el denunciante le prestase asesoramiento.

El 4 abril Alvise le vuelve a contactar para crear una cartera de criptoactivos para que los interesados -sus seguidores- pudiesen realizar aportaciones y financiar a «ardillas» -colaboradores suyos- que pudiesen aportar documentos e información para ser empleada mediática o judicialmente en la lucha contra la corrupción que él dice liderar. El propietario de Madeira Invest Club asegura que le respondió afirmativamente a su consulta.

Posteriormente, Romillo le envío la invitación a uno de los eventos que organizó con su compañía -que la CNMV considera un chiringuito financiero- en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela el pasado 6 de abril y en el que el político estuvo ayudándole a promocionar los servicios que ofrece, ahora objeto de una macrodenuncias por sus víctimas de una supuesta estafa que asciende a 30 millones y tiene miles de afectados.

Al día siguiente de aquella multitudinaria celebración, el controvertido dirigente político le traslada su interés por seguir haciendo «cosas juntos» y le solicita que se le facilite una cartera donde pudieran ingresarle 10.000 euros. Le insisten, desvela, «la potencialidad» de su mutua colaboración: «por mi parte obtendría promoción de mis servicios y él podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución» por parte de las autoridades.

Y dos jornadas más tarde, el día 9 de abril de este año, le expuso Alvise varias de las «necesidades» que dijo tener en ese momento y, entre las que sobresalen, la relativa a disponer de «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas» para su formación, como ahora denuncia Romillo que ocurrió, y con el objeto de con esta financiación «poder hacer crecer» Salf.

Pasado un tiempo, le pide el diputado en el Parlamento Europeo que «le cree y tutorice» una cartera financiera «para la recaudación de sus seguidores y me traslada la urgente necesidad de recoger fondos» porque precisa «entre 300.000 y 600.000 euros» para afrontar los gastos de su proyecto político. El empresario le dice que «cree» que puede «lograrlo».

Finalmente, convienen la creación de la planeada cartera , «que son las que finalmente publica» en su canal oficial de Telegram con el fin de que «le realicen» sus seguidores «pagos» dirigidos a la «financiación de la campaña» de las europeas. Al mismo tiempo, le propone a Romillo difundir entre sus clientes la campaña de recaudación, pero él decide que es mejor hacerlo entre los que tiene en la segunda de sus empresas, Sentinel, -en vez de en el MIC-. Consiguen algún ingres, pero Alvise le «indica que va demasiado lento y el tiempo le come para los pagos de la campaña».

El empresario denunciante de las irregularidades le ofrece, como el mismo confiesa ante la Fiscalía y demuestra con capturas, que puede pasarse por su empresa para «recoger 100.000 euros en efectivo». Alvise le contesta «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña».

Así ocurrió, según consta en la denuncia de un Álvaro Romillo que asume sus responsabilidades ante la Justicia y muestra su disposición a colaborar con la Justicia.