Fracaso de la Agencia Tributaria propia: sólo 200 catalanes entregan su Renta

La cifra representa el 0,006 por ciento de los casi tres millones de contribuyentes de Cataluña. Sólo el Consejo Nacional del Convergència, uno de los impulsores, tiene más de 400 miembros. La Generalitat había pedido que se entregaran los datos fiscales para elaborar un censo

Corría el mes de febrero de 2014 cuando Artur Mas dio el pistoletazo de salida a «Tributs de Catalunya», entidad formada por la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas. Es el embrión de la Agencia Tributaria de Cataluña. Tiene 53 oficinas que recaudan impuestos locales y autonómicos además de cobro de deudas como las de tráfico, gracias a un convenio existente con la agencia estatal.

En el mes de mayo, la Generalitat puso en marcha una campaña, en palabras del conseller portavoz, Francesc Homs, sólo «para dar facilidades», en la que se pedía a los catalanes que presentaran en la agencia catalana una copia de su declaración de renta. El objetivo era «elaborar un censo con datos fiscales que sirva al proyecto de agencia propia», se decía en esos días. El conseller de Empresa, Felip Puig, argumentaba que «el conocimiento de los datos tributarios de empresas, trabajadores y ciudadanos forma parte de la inteligencia que un país debe tener».

Los catalanes, ciertamente, no lo ven así. No están muy de acuerdo con esta inteligencia que reclama el conseller Puig porque han dado la espalda de forma sonora a este proyecto de recabar datos fiscales para construir una «estructura de Estado», como se la define en la Generalitat de Cataluña. Apenas dos centenares de contribuyentes han dado el paso. Una cantidad irrisoria y ridícula si tenemos en cuenta que en Cataluña hay casi tres millones de personas que declaran al fisco. Una cantidad de tributaciones presentadas que representa el 0,006% del total.

Una cosa es pedir la independencia y otra es enseñar los datos fiscales, deben pensar los ciudadanos. Lo piensan incluso los dirigentes de CDC o ERC. Solamente el Consejo Nacional de Convergencia Democrática tiene más de 400 miembros, el doble de declaraciones de renta que se han presentado en la Agencia Tributaria Catalana. O sea, ni tan siquiera la cúpula de CDC ha seguido la campaña gubernamental. Un número similar tiene el Consejo de ERC y tampoco ellos lo han hecho aunque en la campaña de las europeas los dos candidatos se personaron para escenificar su apoyo a la entidad recaudatoria. Si a esto le sumamos el personal de confianza y los regidores de los partidos secesionistas, todavía queda más en evidencia el fiasco de la campaña de la Generalitat.

La duda es evidente. ¿Han presentado copia de sus declaraciones de renta los consellers? ¿Lo ha hecho el president de la Generalitat? No lo podemos saber. Ni tan siquiera podemos saber el número exacto de declaraciones presentadas. Fuentes conocedoras del proceso confirman a LA RAZÓN que no llegan a 200. Sin embargo, el Departamento de Economía de la Generalitat no ha querido confirmar estos datos porque «depende de la Agencia y son muy celosos de dar datos». Además se escudan en que «el año fiscal acaba el 31 de diciembre».

Los ciudadanos que así lo desearan debían presentar copia de la declaración de 2013, borrador no confirmado de la Agencia Tributaria Estatal y los datos fiscales enviados por esta agencia. Durante este año, 54 ayuntamientos han pagado sus impuestos en «Tributs de Catalunya». Una vez cobrados son ingresados de forma inmediata en la Agencia Tributaria estatal. Este trámite legal tampoco levanta entusiasmo en los consistorios catalanes, que son más de 900. Sin embargo, es el que usa de excusa la Asamblea Nacional Catalana para camuflar el fiasco de su campaña para fortalecer la Agencia Tributaria Catalana bajo el lema «Declárate en Cataluña». Según sus datos, unos 1.500 catalanes se acogieron a esta modalidad. La cifra es a todas luces falsa después de conocer los datos oficiales por la propia Generalitat. La ANC se defiende acusando al Estado de «perseguir a los que utilizan esta modalidad». Una excusa que no tiene sentido porque el trámite está contemplado en la legislación vigente y es totalmente legal.

El escaso –más bien nulo– seguimiento de la campaña les ha hecho desistir para concentrarse en los actos del 11 de septiembre. El año pasado hablaron de una asistencia de más de 1.600.000 personas a la Vía Catalana. Sin embargo, una web independentista que se dedica a contar presencia en manifestaciones rebajó estas cifras hasta los 700.000. Algo así se ha repetido ahora.