Francesc de Carreras: «La deslealtad nacionalista es el gran problema de la Constitución»

–Hoy se cumplen 35 años de la Constitución. ¿Cuáles fueron los grandes aciertos de ese pacto constitucional?

–Aciertos hubo muchos, pero quizás el principal fue que por primera vez se hizo una Constitución por acuerdo casi total de las formaciones políticas, superando las diferencias entre izquierdas y derechas.

–¿Y los errores?

–Creo que hubo pocos, pero señalaría al menos dos. Primero, no haber incluido en el acuerdo el tema de la educación y, en segundo lugar, aunque creo que fue inevitable, dejar el tema autonómico excesivamente abierto.

–Usted afirma que hoy España atraviesa su problema político-constitucional más importante desde 1978. ¿Por qué?

–El problema constitucional más importante es la deslealtad de parte del nacionalismo vasco y catalán a la Constitución mismo, y ésa es una dificultad que viene de hace años. Hay que decir, sin embargo, que la cuestión de la independencia de Cataluña es un problema exclusivamente político y no era algo previsible en el momento constituyente. Ni siquiera siéndolo hubiera podido solucionarse.

–Agustín de Argüelles, padre de la Constitución de 1812, proclamó: «Ya tenéis patria» cuando se aprobó aquel texto. ¿Qué cree que podrían decir hoy los padres de la Constitución actual?

–No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Quizás acertarían diciendo: «Aquí tenéis una Constitución que hicimos para que perdurara en sus aspectos fundamentales pero que podéis modificar en los aspectos que convengan según el curso de los acontecimientos».

–Usted defiende que cambios en la Constitución, «cuantos menos mejor» y siempre respetando el consenso. ¿Qué cambios deben introducirse?

–La Constitución debe ser modificada con un sistema que podríamos llamar microcirujía, cambiando las menos palabras posibles de los menos artículos posibles. Esto se puede hacer enfrentándonos a los tres principales problemas con que nos encontramos: los partidos políticos y su excesivo poder, las comunidades autónomas y el gobierno del Poder Judicial.

–¿Qué hay que cambiar en relación a los partidos?

–Creo que habría que cambiar el sistema electoral para que repercuta en la estructura interna de los partidos introduciendo, por ejemplo, un sistema de elección mixta como el de Alemania. Así tendríamos un sistema de elección más directa y restaríamos un poco de poder a los partidos.

–¿Y sobre las autonomías?

–En primer lugar, hay que cerrar el modelo estableciendo que no hay un derecho a la autonomía por parte de las nacionalidades, tal y como dice el artículo 2, sino que hay una estructura de Estado autonómico regido por el principio federal. En segundo lugar hay que clarificar el reparto de competencias asegurando las competencias estatales que están en el artículo 149.1 y modificar el 149.3 que dice actualmente que las competencias de las comunidades autonómicas estarán en sus respectivos estatutos para decir que son competencias autonómicas todas aquellas que no sean del Estado. En tercer lugar hay que eliminar el artículo 150, que deja permanentemente abierto el reparto de competencias. En cuarto lugar, hay que añadir algunos principios más explícitos en el modelo de financiación autonómico. Y en quinto lugar hay que establecer o bien un Senado, o bien una Conferencia de Presidentes, o bien las dos cosas con funciones distintas como órganos que sirvan para implicar a las comunidades autónomas en decisiones estatales y dejándolas participar.

–¿Y sobre el Consejo General del Poder Judicial?

–Creo que en este punto habría que hacer un cambio a fondo, o bien creando un órgano mucho más reducido, quizás unipersonal, o bien suprimiendo sus competencias y dándolas al mismo Gobierno.

–¿El derecho a decidir que reivindican los soberanistas podría incluirse en el ordenamiento jurídico?

–El término de derecho a decidir es voluntariamente equívoco y muy sugerente porque, claro, quién puede negar en una democracia que los ciudadanos deciden. Hay que recordar que ya hay cauces de participación que facilitan las decisiones. Por tanto, separar el derecho a decidir de los derechos actuales existentes no es real. Lo que no está en la Constitución no es que el ciudadano no pueda decidir, sino que pueda decidirse de forma separada de los procedimientos de participación establecidos democráticamente. En todo caso, el artículo 92 de la Constitución ha permitido realizar dos referendos consultivos y el Gobierno –y no otra institución– puede hacer consultas sobre las materias que vea conveniente.

–¿Se podría usar este artículo para preguntar sobre la independencia de Cataluña?

–Sí, y se obtendría un conocimiento de cuáles son los deseos de los ciudadanos de Cataluña a este respecto y no me cabe duda de que una gran mayoría de catalanes no estarían a favor de la independencia, sino en contra, tras tener conocimiento de sus consecuencias.

–La Constitución española más longeva es la de Cánovas, aprobada en 1876. Duró 48 años. ¿Cree que la actual tiene aún mucho recorrido?

–Yo a la Constitución actual le veo mucho recorrido y estoy convencido de que así será. Otra cosa es que se hagan reformas. Excepto en la Constitución americana, que sólo se pueden hacer enmiendas para añadir artículos, todas las demás pueden tener modificaciones. Nuestra propia Constitución ha tenido dos reformas, la segunda, de importante calado porque se modificó el artículo 35. No es comparable una Constitución como la «canovista», que no tuvo exactamente un origen democrático y en cuanto a derechos estaba constantemente suspendida mediante estados de excepción en alguna parte del territorio nacional, y una Constitución como la actual que es un texto al nivel de las mejores a nivel europeo.

–¿La Constitución está bien resguardada? Lo digo porque padres del texto como Miquel Roca han criticado duramente al Tribunal Constitucional.

–En líneas generales y es común a la doctrina constitucional y a los que suelen leer sentencias puede decirse que el Tribunal Constitucional ha actuado normalmente con acierto y ha dado un contenido muy importante a aspectos que en la Constitución sólo estaban anunciados de forma vaga, incluso contradictoria. La labor del Tribunal Constitucional ha sido enormemente positiva. Otra cosa es que todo hayan sido aciertos. Como es natural, algunas decisiones del TC pueden no ser las más indicadas y esto entra en la normalidad porque es imposible lograr siempre el acuerdo de todos. Lo que creo que ha sucedido con el TC por parte de ciertos políticos catalanes ha sido su descalificación por motivos exclusivamente políticos, cuando el TC es un órgano que adopta sus decisiones de acuerdo con criterios de interpretación jurídica.