Génova cuenta con los militantes para elegir a su líder en una doble vuelta

La dirección del PP anuncia que establece un sistema con más participación sin restar el poder a los compromisarios.

La dirección del PP anunció ayer un retoque en sus Estatutos y en el sistema de elección de sus candidatos nacionales. Más estético que de fondo. Pero lo relevante es que hayan introducido ese cambio en el sistema de elección sin haber contestación alguna ni demanda de nadie relevante dentro del partido. Madrid y Valencia reclamaban primarias bajo la consigna de «un militante, un voto». Un lema que los estatutos permiten que apliquen en la práctica los líderes territoriales en sus correspondientes congresos. Pero ésta era una demanda que Génova tenía controlada, aunque incluso contaban con que el PP madrileño presentase una enmienda en el Congreso para reclamar un sistema estricto de primarias. Habrá que ver si con este retoque formal consiguen poner sordina por completo al debate en el cónclave nacional. Con el cambio demuestran que el modelo que hasta ahora han utilizado necesitaba una operación de lavado de imagen. Si bien el PP renuncia al sistema de primarias porque, como explicó ayer el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, «no queremos copiar lo que otros hacen mal».

La ponencia de Estatutos establece que la elección del presidente del partido se concretará en una especie de doble vuelta. En la primera votarán todos los militantes que se hayan inscrito en el censo habilitado para ello. En la segunda, sólo los compromisarios. Que son los que en el próximo Congreso Nacional de febrero decidirán. En caso de que en el futuro haya dos candidatos a presidir el partido, la última palabra la seguirán teniendo los compromisarios. Los militantes tampoco tendrán nada que decir en la elección de la cúpula del partido y del secretario general del mismo. Serán designados como siempre, a propuesta del presidente de la formación.

En la propuesta de ponencia política que votarán los compromisarios se mantienen las líneas generales de la posición que hasta ahora ha mantenido el partido en relación a sus cargos públicos imputados. Al margen queda el pacto firmado con Ciudadanos, que obliga a que dejen sus responsabilidades en el momento en que se formaliza esa imputación, sin esperar al juicio oral. El PP no establece la prohibición de que los imputados vayan en las listas y el límite para expulsar a un militante vinculado a un caso de corrupción sigue siendo la apertura de juicio oral. Eso sí, el PP anuncia la creación de otro órgano interno, la Oficina del Cargo Popular, para que se denuncien las sospechas de irregularidades de cualquier dirigente. Sus competencias afectarán sólo a los cargos orgánicos. Los cargos públicos tendrán que rendir cuentas de su gestión una vez al año ante asambleas de afiliados, como informó este periódico.