El Gobierno ultima el expediente para ilegalizar la Fundación Franco

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que su departamento está "ultimando" el expediente para instar ante la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

"Hemos estado algunos meses esperando a que Memoria Democrática nos mandara el informe. Ahora ya lo tenemos y estamos ultimándolo para elevarlo lo antes posible ante el juez", ha explicado Urtasun en una entrevista a Europa Press.

El ministro no ha concretado ninguna fecha ni avanzado si podría hacerse en torno al 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, pero asegura que el Ejecutivo trabaja "intensamente" para dar ese paso en cuanto sea posible. Precisamente ese mes tendrá lugar el desenlace de los fastos del Gobierno por el cincuenta aniversario del 20N.

"No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí", afirma Urtasun en estas declaraciones, quien no descarta solicitar la aplicación de medidas cautelares para que se suspendan las actividades de la fundación hasta que haya una resolución judicial. "Lo estamos acabando de estudiar", apunta.

En este contexto, destaca que para él, como ministro de Cultura es "fundamental" trabajar materia de derechos, libertades y "defender la memoria democrática". "Y, sobre todo, --añade-- que los ciudadanos tengan claro qué significó el franquismo y la censura también para la cultura".

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Para armar el expediente se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó en el Congreso en marzo que su departamento había elaborado un primer informe, pero que después tuvo que complementarlo teniendo en cuenta las "circunstancias y vericuetos legales" que pudiera utilizar la fundación, que cambió sus estatutos el año pasado. Además, el Congreso, a instancias del PSOE, modificó la pasada primavera la Ley de Asociaciones para poder ilegalizar las que hagan apología del franquismo.

En el documento enviado a Cultura antes del verano, el departamento que dirige Torres concluye que concurren las causas previstas en el supuesto legal de extinción de fundaciones establecido en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, es decir, que esta fundación "no persigue fines de interés general" y sus actividades son contrarias al mismo.

Es más, constata que no sólo hace "apología del franquismo", "ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes", sino que además incurre en "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

Por todo ello, defiende que procede instar judicialmente la extinción de la FNFF, y que se puede solicitar, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se dicte sentencia y las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades.

Por contra, desde la Fundación Franco siempre se ha apelado a la libertad de expresión y a la inexistencia de desprecio a las víctimas.

Los jueces tendrán la última palabra, pero la FNFF prevé una «dura lucha en los tribunales» y considera que la pretensión del Gobierno de acabar con ella es contraria a la Constitución.

La Carta Magna «establece que todos los españoles somos iguales ante la Ley y garantiza la libertad ideológica así como el derecho de asociación, siempre y cuando no se incite al odio y la violencia», según declaró a LA RAZÓN Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la Fundación Franco.

«Pese a ello, este Gobierno socialcomunista pretende, mediante la Ley de Memoria Democrática, que está recurrida ante el TC, extinguir la FNFF cercenando derechos fundamentales de las personas». Según Chicharro, «alega de forma totalitaria y sectaria que no responde al interés general y que incurre en menosprecio y humillación a las víctimas».

«Desde la Fundación Franco nos acogemos a la Constitución y manifestamos, una vez más, que la historia, sea cual sea, no se puede hurtar al conocimiento de los españoles y, por lo tanto, claro que es de interés general».

«Y desde luego», zanja, «jamás incurrimos en menosprecio a víctima alguna y aún menos incitamos ni al odio ni a la violencia, tal como reflejan nuestros estatutos. Jamás».