Gobierno y PSOE buscan acuerdos sobre la Ley de Transparencia

Reuniones discretas y hasta hoy también secretas. Gobierno y PSOE buscan juntos desde hace semanas espacios de acuerdo para aprobar la «olvidada» Ley de Transparencia. El proyecto articula el principio de transparencia mediante obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, garantiza el acceso a la información y establece obligaciones de buen gobierno para todos los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Y aunque el Consejo de Ministros lo remitió al Congreso en septiembre, desde entonces sigue allí «durmiente» después de 15 ampliaciones consecutivas al plazo de presentación de enmiendas. Enero será decisivo para desencallar. De momento, PP y PSOE han designado sendas delegaciones con voluntad clara de consenso. Tres populares (Esteban González Pons, José Antonio Bermúdez de Castro y Pedro Gómez de la Serna) y tres socialistas (Ramón Jáuregui, José Enrique Serrano y Meritxell Battet) que se han conjurado, después de una reunión que impulsó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con la cúpula del PSOE, para aprobar el texto de forma conjunta. Tras aquella cita la dirección socialista tomó la decisión de no enmendar la totalidad del proyecto y buscar el máximo de coincidencias al tratarse, en su opinión, de una ley «estructural que afecta a los principios y la cultura de la Administración Pública y que debe nacer por tanto con carácter de permanencia». No en vano los derechos que se derivan del proyecto afectarán a todas las administraciones. Después de la reunión con Sáenz de Santamaría en la que se constató la voluntad de acuerdo de ambas partes, sendas delegaciones decidieron ponerse de acuerdo en dilatar la presentación de enmiendas parciales con el propósito de escuchar antes las aportaciones de diferentes expertos en la materia. La fórmula: habilitar la comisión constitucional en enero para que comparezcan ante ella no menos de 20 especialistas. Los primeros, la tercera semana de 2013, serán Jesús Lizcano Álvarez, presidente de Transparencia Internacional España; Emilio Guichot Reina, profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla; José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, y Antonio Garrigues Walker, miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional de España.

La lista global de comparecientes, entre los que habrá catedráticos, instituciones, juristas y académicos, también ha sido acordada en la comisión que integran las delegaciones de sendos partidos, donde no ocultan, eso sí, que aún hay discrepancias. La primera: sacar del texto remitido al Congreso la parte que tiene que ver con el Código del Buen Gobierno. Lo pedía el PSOE al entender que contiene preceptos de clara intevención estatal sobre los ayuntamientos y que pueden colisionar con el principio de autonomía local, pero el Gobierno ya ha dicho «no» y aún así las negociaciones van por buen camino.