Granados y Marjaliza utilizaron 190 empresas para enmascarar la «Púnica»

La investigación judicial ha aflorado una «tupida red» de sociedades «intermediarias»

El ex consejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza recurrieron a una «tupida red de 190 sociedades intermediarias, patrimoniales, de ejecución de obras y servicios» para enmascarar sus supuestas actividades delictivas en la «trama Púnica». Así lo asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto del pasado noviembre en el que solicita a las Islas Vírgenes Británicas información sobre una sociedad de Eduardo Larranz, el ex consejero de la empresa pública Arpegio (encargada de la promoción del suelo industrial en la Comunidad de Madrid) que escondía 146 lingotes de oro en Suiza, que regularizó en 2013, por un valor de 1,9 millones de euros.

En esa resolución, el juez Eloy Velasco –en esas fechas instructor del«caso Púnica»– da cuenta de las claves de la investigación judicial que justifica su petición de auxilio judicial, un compendio de tres años de laboriosa instrucción tras la denuncia planteada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2014. Granados, dice el magistrado, «facilitó siempre desde su cargo público», primero como alcalde de Valdemoro (1999-2003) y después como consejero y vicepresidente de la Comunidad de Madrid y senador (2004-2014)«las connivencias y presiones necesarias sobre los funcionarios técnicos que se prestaron a adjudicar irregularmente» a favor de Marjaliza y un grupo de empresarios«en contra de la ley y de los intereses generales y en perjuicio de la Hacienda municipal».

Con la llegada de la crisis inmobibilaria, continúa Velasco, «el presunto grupo criminal de empresarios-conseguidores» se introdujo supuestamente en nuevos negocios y contratos públicos, una «segunda trama», que afloró tras meses de investigación, en torno los empresarios Alejandro de Pedro y José AntonioConesa.Con la ayuda de Granados, asegura, «realizaron servicios de propaganda y divulgación para autoridades políticas, mayoritariamente delPP» y para grandes compañías y empresas españolas.Los supuestos servicios de reputación on line para mejorar la imagen de los políticos se facturaron a través de empresas controladas por De Pedro (EICO y Madiva entre otras) tuvieron, subraya el juez, una contraprestación, «favores políticos que reconducen en su provecho, asegurándose para el futuro adjudicaciones de contratos públicos de la administración», unos dispendios que asumía el erario público y no los políticos objeto del contrato. Otra de las«prebendas» que ofrecía el empresario, añade, era «la obtención de apoyo político delPartidoPopular» hacia el político que reclamaba sus servicios (así sucedió, entre otros, con el ex presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y con el ex presidente madrileño Ignacio González, según Anticorrupción). Los sospechosos «empezaron por facturar a través de sociedades panameñas» de 2012 a 2014,«acabando por constituir su propia sociedad» en febrero de este último año.

De 2003 a 2013, continúa el relato del juez, Marjaliza consiguió «a través de su red de empresas y testaferros», adjudicaciones públicas de terrenos y obras de varios ayuntamientos y del PlanPrisma, aliándose con Granados desde principios de 2000, cuando «iniciaron sus tratos de corrupción» en Valdemoro, que les reportaron «sustanciales beneficios». Los negocios de Marjaliza «crecieron a la sombra de las influencias» de Granados –que salió de prisión el pasado 214 de junio– tanto en el Gobierno regional como en elPP regional, del que llegó a ser secretario general.

En cuanto a Arpegio, Velasco recuerda que Marjaliza admitió el pago de comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda de protección pública que le fue adjudicada. En este contexto, mantiene, se produjo «un enriquecimiento en el patrimonio» de Larraz y su esposa, «con sospechas fundadas de tener su origen en el cobro de comisiones ilegales». Larraz, dice el juez, «declaró unos valores sustancialmente inferiores a su patrimonio y rendimientos reales» entre 2005 y 2012. En abril de 2013 regularizó su situación con Hacienda (afloró en conjunto 1,6 millones de euros),«pero siguió ocultando activos valiosos».En julio de ese año realizó una complementaria delImpuesto sobre el Patrimonio, declarando bienes por valor de 3,1 millones, en los que incluyó una cuenta en Suiza, participaciones en fondos de inversión por valor de 993.438 euros y 90 lingotes de medio kilo de peso y otros 56 de un kilo con una valoración de 1.963.226 euros,«de los que se sospecha que pudieran seguir situados en el extranjero».