«Habrá pruebas de ADN, nadie se va a llevar nada que no sea suyo»

Mientras los forenses trabajan en Cuelgamuros, Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, explica a LA RAZÓN su cometido y el objetivo que persiguen. En su caso, que su tío abuelo «Pepe» –José Antonio Marco Viedma, masón y próximo a Izquierda Republicana– enterrado en Cuelgamuros en abril de 1959, sea devuelto a Calatayud, donde fue fusilado el 2 de septiembre de 1936. «Lo vemos como una cuestión de derechos humanos y de decidir dónde queremos enterrar a nuestros abuelos y padres». Dice estar «preocupada por si llega un Gobierno del PP que lo echara todo atrás», empezando por derogar la Ley de Memoria Democrática. La tía de Silvia «falleció hace dos años, no lo va a ver», lamenta, y «mi madre es muy mayor... Estos días está muy inquieta, no sabe qué va a pasar». Porque los esfuerzos no han sido pocos, incluida una mediación como la que en 1981 permitió las exhumaciones de 133 navarros [aunque la fiabilidad de aquella operación ha sido puesta en duda, por precipitada]. Entonces intervino el abad benedictino a través de Jorge Semprún, luego ministro de Cultura. Para buscar una salida similar, Navarro escribió a Soraya Sáenz de Santamaría, y les contactó el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri, «intentando interceder a través de una alta instancia de la Iglesia, pero ni por esas».

–¿Qué esperanza tienen?

–Sabemos, somos conscientes de que es dificultoso, pero los que tengan la suerte de poder ser localizados y entregados a las familias, bien está. No vamos a pedir un imposible, pero al menos que se intente.

–¿Cuál es la situación de los enterramientos en el Valle?

–He estado dos veces: en septiembre de 2010 y a finales de enero de 2019. La primera nos enseñaron los niveles inferiores, y nos dijeron que había cajas enteras y en óptimas condiciones de conservación para el tiempo que había pasado. Las últimas noticias que tengo son el informe del Instituto Torroja que encargó Patrimonio Nacional, donde se ha visto lo que llevamos años diciendo: que en los niveles 1 al 4 hay cajas en óptimo estado, hasta se han conservado la tela que cubre algunos féretros, crucifijos de fieltro e inscripciones. En 2019 pudimos ver el nivel 4 antiguo, tercero moderno, porque se ha renombrado el orden, y había cajas enteras, con inscripciones.

–¿Qué opina de quienes se oponen por respeto a sus propios muertos?

–Menos respeto que con nosotros no ha tenido nadie, que exhumaron sin pedir ningún permiso y en muchos casos sin que lo supieran ni siquiera las familias. Respecto a combatientes, tanto republicanos como franquistas de los que se piden sus exhumaciones, están en cajas individuales y ahí no hay por qué tocar a nadie. Además no se encuentran en los niveles a los que se negaban las otras familias, a las que respeto, pero también pido lo mismo. En el caso de los enterramientos colectivos y respecto a los deudos de Calatayud a los que preguntaron si llevar los restos al Valle, todos se negaron. Se recurrió en el cementerio a una fosa común de represaliados, a cuyas familias nunca les preguntaron.

–¿Pueden afectar las tareas forenses a los restos de quienes están en contra?

–Se van a hacer pruebas de ADN, nadie se va a llevar nada que no sea suyo. Hay adelantos suficientes para poder discriminar unos de otros. Los demás van a ser dispuestos de una forma más digna y devueltos a los osarios, porque algunas cajas están en muy malas condiciones. Si pueden ponerse en nuestro lugar, yo también lo hago en el suyo. Y cada uno tenemos el mismo derecho. No entiendo esa oposición a disponer qué hacer con los restos de un familiar.

–Hay amenaza de denuncia para detener los trabajos en marcha.

–Estamos acostumbrados. Personalmente experimento como un absoluto maltrato ver que no somos ciudadanos normales de este régimen democrático que tenemos desde hace tantos años; no lo puedo entender. ¿Por qué unos sí y otros no? Todos fueron víctimas de una guerra horrible, todas las familias han sufrido mucho a consecuencia de la Guerra Civil, pero creo que ya está bien. El que quiera enterrarse con su padre, como Mercedes Abril, una señora que tiene 90 años de Valladolid, ya es hora, ¿no? Le prometió a su madre, que falleció en 2012, que llevaría al padre a enterrarlo con ella. Ya le pueden dejar hacer su santísima voluntad. Me hubiera encantado hacer las cosas de otra manera, sobre todo por el coste emocional que esto ha supuesto, pero si se pudo en 1981, con la situación tan complicada que había, con la mediación de Jorge Semprún y el entonces abad del Valle, no me explico que a estas alturas tengamos que estar así.

–¿A cuántas personas representa su asociación?

–Somos los que estamos desde el principio; hemos ayudado a otras 40 familias a que tramitaran sus casos, pero como socios hemos decidido permanecer las 12 que comenzamos, por un tema orgánico. Hasta 60 familias se han puesto en contacto con nosotros, pero no hemos podido justificar que todas estuvieran realmente en el Valle y no está constatado el derecho a exhumar. En el País Vasco hay otros 30 casos que ha gestionado el Instituto de la Memoria Gogora, y así hasta casi 130. Vamos con los que se puede comprobar una trayectoria y que, efectivamente, fueron llevados al Valle. No es cuestión de números, aunque es un argumento que han utilizado, pero no se trata de eso, sino de los obstáculos a los que nos enfrentamos. Si pudiera hablar con las otras familias... no se trata de enfrentarnos, sino de que entiendan que hay una necesidad real nuestra, y de muchas del bando franquista, de hacer esto.

–¿Qué piensa del Valle?

–Para nosotros lo que prima y hemos querido siempre es sacar a nuestros familias de allí. Sobre lo que pase con el recinto... yo me eduqué en Alemania y nos hablaban en el colegio del pasado. Mi opinión es que puedas llegar a explicar las cosas, pero darle una resignificación... Entiendo que el Valle de los Caídos, porque yo lo sigo llamando así, tiene su contexto histórico, que se puede describir, pero no creo que se pueda cambiar el significado.

–¿Cuál es su interlocución con Patrimonio Nacional?

–El contacto está a cargo de Eduardo Ranz, nuestro abogado. Yo lo hago de manera regular con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero no me han dicho nada concluyente nunca.