«Operación Retorno»: la exhumación navarra del Valle de los Caídos

En 1979, el alcalde socialista de San Adrián (Navarra), José Antonio Ruiz Amatria, encabezó una petición colectiva para que los restos de más de 100 paisanos, incluido su padre, Cirilo Ruiz, afiliado a la UGT y fusilado por los «nacionales» en julio de 1936 –el día de la fiesta de su pueblo– fueran sacados del Valle de los Caídos y devueltos a su tierra. Junto al pamplonés Miguel Eguía, el primer edil abanderó una comisión de familiares que contó con la ayuda del historiador Javier Tusell, entonces director general de Patrimonio Artístico, para lograr su objetivo.

Las negociaciones, en las que intervinieron dos ministerios, se alargaron durante un año. Interior, según establecía el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, delegó en Sanidad, que les otorgó un permiso de higiene para exhumar los cuerpos mientras Patrimonio exigió que las cajas en las que serían depositados «debían ser metálicas o de cualquier otro material impermeable».

Pero lo consiguieron, pese a las dudas razonables que podían albergar sobre el estado de lo que quedara de los suyos tras el tiempo transcurrido, aunque el acta del Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos autorizando su salida en enero de 1980 sí ofrecía una pista certera del deterioro y, sobre todo, ponía en duda que se tratara de los mismos fallecidos que llegaron años antes a Cuelgamuros.

Unos meses atrás, en abril de 1979, una carta con el sello de la Real Casa de Patrimonio Nacional había certificado a los peticionarios que el 29 de marzo de 1959 varias cajas fueron trasladadas desde una cuneta de San Adrián y se depositaron «en el primer piso de la capilla lateral derecha de la basílica». Una parte de otras muchas. Porque la llamada «Operación Retorno» abarcó los restos de más de un centenar de navarros que se habían desenterrado –con y sin permiso de sus familias– de fosas comunes (la mayoría en la Ribera) para ser enviados a engrosar las filas de «caídos» de uno y otro bando tras la inauguración de Cuelgamuros.

Todos fueron transportados e inhumados como «desconocidos» entre las 12.410 víctimas del total de 33.847 cuerpos que reposan en el inmenso cementerio subterráneo. Los traslados se produjeron en 1959 (11.329), 1961 (6.607) y 1968 (2.019), según los datos del informe de la Comisión de Expertos nombrada en 2011 por el Ministerio de Presidencia en época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como en cada provincia, Navarra se había encargado de construir las cajas de pino que portarían los restos (individuales o colectivas para 15 personas, en las que se mezclaban huesos de localidades y fosas distintas). El Gobierno Civil recogió un listado de cuerpos recogidos en Aberin (7), Arano (1), Ayegui (5), Azagra (5), Cadreita (4), Marcilla (7), Milagro (27), Murillo el Cuende (4), San Adrián (10), Tafalla (20), Tudela (1), Ribaforada (1), Pamplona (5), Urraul Bajo (18), Vera de Bidasoa (130) y Yerri (4). Se trataba de 8 personas identificadas y con consentimiento familiar (cinco de Pamplona y uno de Tudela, Tafalla y Ribaforada), 197 no identificados enterrados en fosas comunes de cementerios y 44 no identificados que habían sido sepultados fuera de camposanto alguno.

Finalmente, los familiares aglutinados por Ruiz Amatria consiguieron en febrero de 1980 sacar del Valle de los Caídos restos de 133 personas. Este logro –son las únicas exhumaciones en Cuelgamuros junto con la de Franco–, se consiguió gracias a la autorización de Tusell, director de Patrimonio en el Ministerio de Cultura y tras innumerables viajes a Madrid a despachar con altos cargos de UCD. Aquellos 133 fusilados procedían de Allo (6), Azagra (19), Corella (27), Larraga (1), Lodosa (5), Los Arcos (6), Mendavia (2), Pamplona (52) y San Adrián (15), según un listado que varía si se compara con las anotaciones de la comunidad benedictina y las del Ministerio de Justicia.

La documentación de la época, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, está salpicada de escritos con sello oficial, anotaciones a mano o a máquina que dan fe de las autorizaciones e información solicitada y recabada sobre el origen y destino de los restos por la comisión de familiares –cuyos nombres, apellidos y lugares de procedencia recoge un documento oficial del Archivo General de la Administración–, que consignaron dinero y donativos para hacer frente a los gastos de la operación, cuyo coste total asumieron, como atestiguan diversas facturas. Así, por ejemplo, una emitida por la empresa Insausti de Cárcar, dedicada a mármoles y granitos –por importe de 72.590 pesetas–, o sendos cargos de Pompas Fúnebres Pastrana, de Logroño, porvalor de 48.000 y 1.200 pesetas, entre otros.

El documento de entrega está fechado el 29 de enero de 1980 y firmado por el prior de la Abadía, Juan Díaz López; Víctor Niharra Alarilla, jefe de Negociado de Patronatos –ambos en nombre del consejero delegado gerente de Patrimonio Nacional, Fernando Fuertes de Villavicencio–, además de José Antonio Ruiz Amatria, Claudio Gainza Barros, Fermín Iñigo Valcárcel y Terencio Ruiz González, como «parte de la comisión designada al efecto para trasladar los restos que en su día vinieron desde distintos cementerios de Navarra a los puntos de origen, y que están calificados como desconocidos». Al hacer entrega de las cajas, cuyo contenido y destino se especifica, se hace constar que «se ha podido comprobar que por la acción del tiempo (...) se han encontrado deshechas», y «sin poder determinar que corresponden con toda exactitud a las mismas cajas que llegaron».

Más aún si tenemos en cuenta cómo se produjo el traslado definitivo, una vez personados los familiares en dos autocares a recoger lo que quedara de sus deudos. Se les ofreció la posibilidad de celebrar un responso en la basílica, pero lo rechazaron. Querían lo que tanto ansiaban y marcharse. Pero los operarios se encontraron en los osarios con que las cajas habían «colapsado» y «los huesos estaban desparramados», formando una «montonera» que fue retirada «a paladas», un proceso en el que se numeró «por cráneos» hasta alcanzar la cifra de «los 133 cuerpos que habían ido a buscar», según cuenta Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). Y para rematar el «caos», explica Linares que en esa cripta los últimos restos que se habían depositado procedían de Mondariz (Pontevedra) y «serían presuntamente los primeros que se llevaron aquel día», de manera que, «pese a las dudas y con el máximo respeto, puede que fueran gallegos y no navarros los que reinhumaron», algo que «solo probaría una prueba de ADN».

Para la ADVC este episodio es «el mejor ejemplo» de lo que pueden «encontrarse hoy» si prospera la intención del Gobierno de abrir las criptas para recuperar los restos que reclaman 104 familias contra el deseo de otras 258 cuyos intereses defiende la entidad a cargo de Linares, que lamenta las «diferencias» con respecto a hace 40 años. «A los navarros les brearon de trámites: Gobierno Civil, Arzobispado, la declaración de herederos... gestiones legales que hoy se están saltando».

Mientras esa petición aguarda la licencia de obras denegada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial hasta que no haya una sentencia del Tribunal Supremo, Pablo Linares insiste en las dificultades de la tarea. «El féretro de Franco era de madera de caoba y la sepultura estaba impermeabilizada con plomo. Aun así, tuvieron que sacarlo con extremo cuidado, porque estaba roto. ¿Cómo van a estar las cajas de los sepultados desde 1959, cuando llegaron los primeros?». Y concluye con una reflexión sobre la expedición navarra: «Pensar en gente que cree tener a los suyos en el cementerio y puede que no sea así es muy fuerte».