El PP insta a Pumpido a aplazar el debate sobre la amnistía hasta que la Justicia europea se pronuncie

El PP reclama al Tribunal Constitucional (TC) que aplace el debate sobre la Ley de Amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles, con el Supremo a la cabeza, sobre la posible vulneración de la norma del derecho comunitario.

Así lo ha puesto de manifiesto en un escrito en el que secunda la petición realizada en el mismo sentido por tres magistrados -Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa-, que fue desestimada mediante un acuerdo gubernativo por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que esgrimió el control que debe efectuar la corte de garantías sobre la constitucionalidad de la polémica ley es "independiente" de las decisiones que puedan adoptar otros órganos jurisdiccionales. Algo que el PP considera "en modo alguno correcto".

El PP reprocha a Conde-Pumpido que con su decisión quiera "erigirse por encima del Derecho, adoptando deliberadamente una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico". Y le recuerda que el artículo 10.2 de la Constitución obliga a interpretar los derechos fundamentales y libertades que la Carta Magna reconoce "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Unas obligaciones y deberes que, subraya, "vinculan a este tribunal y a sus miembros, y de las que no le corresponde desentenderse".

"Evidentes infracciones"

Los populares plantean esa petición en el marco de su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía -el primero que abordará el Pleno, previsiblemente en las sesiones del 10 y el 24 de junio-. En ese escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación de Alberto Núñez Feijóo asegura que el análisis que debe hacer el TC está conectado con lo que considera "evidentes infracciones del derecho de la Unión".

El partido recurrente defiende que "en aplicación de un mínimo grado de prudencia y sosiego exigible a cualquier órgano jurisdiccional" procede "en todo caso la suspensión del procedimiento" hasta que el TJUE resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú.

Esas dudas, recuerdan los populares, afectan a la posible incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la cláusula de Estado de Derecho, con los principios de igualdad y no discriminación, con la regulación europea sobre el terrorismo, la malversación y la protección de los intereses financieros de la UE, con los principios de separación de poderes e independencia judicial y con el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en el territorio de la Unión.

Es "imprescindible"

Para el PP es "imprescindible" que se incorporen al procedimiento los informes y anexos en los que los tres magistrados discrepantes recogen sus argumentos en defensa de la necesidad de esperar a que se pronuncie el TJUE si el Constitucional no opta por acudir al Tribunal de Justicia (lo que paralizaría per se la tramitación del recurso).

En este sentido, se queja de que la solicitud de Tolosa, Espejel y Arnaldo "no ha sido notificada ni puesto en conocimiento de las partes" -por decisión del presidente del TC, que decidió resolver esa petición a través de un acuerdo gubernativo- "pese a su indiscutible relevancia".

Una vez tenga conocimiento de esos documentos, avisa el PP, se planteará "la directa formulación de solicitud de cuestión prejudicial en este procedimiento".