Interior «alejará» a la etarra Zulueta de Madrid a Cádiz

Instituciones Penitenciarias ha notificado a la abogada de la izquierda abertzale Arantza Zulueta su próximo traslado de la cárcel de Estremera, en Madrid, donde se encuentra encarcelada, a la de Puerto III en Cádiz, según ha señalado su abogado, Alfonso Zenon.

Instituciones Penitenciarias ha notificado a la abogada de la izquierda abertzale Arantza Zulueta su próximo traslado de la cárcel de Estremera, en Madrid, donde se encuentra encarcelada, a la de Puerto III en Cádiz, según ha señalado a Efe su abogado, Alfonso Zenon.

Arantza Zulueta fue detenida por la Guardia Civil el día 8 del pasado mes de enero en una operación contra el grupo de intermediación del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Desde entonces, había permanecido en la cárcel de Estremera-Madrid VII, y ahora será trasladada a la de Puerto III, en Cádiz.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado que Instituciones Penitenciarias ha comunicado ya el cambio de destino y, para ello, ha argumentado tres razones: que ETA no se ha disuelto, que Zulueta no se ha desvinculado de la banda y que los delitos de los que se le acusa son graves.

Los mismos medios han asegurado que la abogada ha estado, hasta el momento, aislada en el módulo de ingresos, "con la aplicación del artículo 75", pero recientemente "se le ha aplicado el artículo 10, que la mantiene igualmente en aislamiento, sin poder tener contacto"con el resto de presas de ETA en la citada prisión. Además, han denunciado que "ha estado sometida a constantes registros en su celda", incluso en varias ocasiones en el mismo día, "a pesar de estar sola y en aislamiento".

El entorno de la abogada recuerda que, "en la actualidad, en la prisión de Puerto III no hay ninguna presa vasca, por lo que Zulueta seguirá permaneciendo sola y en aislamiento". Por ello, considera que "medidas como éstas demuestran la clara intencionalidad de la política de excepción que se aplica en el marco de la dispersión".

"Se actúa de manera arbitraria con criterios políticos y de venganza ajenos a la legalidad, por lo menos a la aplicación de esa legalidad en positivo con criterios objetivos y en favor del preso o su entorno", asegura.

A su juicio, se trata de "una forma de presionar y castigar aún más al preso y a su entorno; una actuación más denunciable si cabe en la actual situación, tras los diferentes pasos y aportaciones realizadas desde el EPPK o recientemente desde el ámbito de los exiliados vascos".

Las mismas fuentes subrayan que, además, "la gran mayoría de la sociedad reclama que se termine con la dispersión, pero el PP sigue empeñado en incrementar el daño y la venganza".