Tarde de expectación, tarde de decepción. La máxima taurina se ha cumplido en el caso de la información remitida al Tribunal Supremo por Google y WhatsApp desde Irlanda y Estados Unidos. Unas comisiones rogatorias con las que el magistrado Ángel Hurtado -que investiga al fiscal general del Estado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid- pretendía apuntalar los indicios que, según él, señalan a Álvaro García Ortiz en la divulgación de esa información sobre la investigación a Alberto González Amador por fraude fiscal. El propio instructor anticipó, al recibir esa información hace una semana, que todo apuntaba a una "exitosa" gestión por la que se habría obtenido finalmente "la información que se interesaba". A saber, los mensajes eliminados por el máximo representante del Ministerio Público, que cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera actuar penalmente contra él, como le había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Pero nada más lejos de la realidad. El análisis de esos datos ha resultado baldío y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no han hallado nada relevante para la investigación, hasta el punto de que Hurtado dejó ayer mismo sin efecto el secreto de esas pesquisas.

Una vez constatada la imposibilidad de recuperar esos mensajes eliminados, la principal diligencia pendiente de resultado, el magistrado del Tribunal Supremo debe hacer frente a una decisión crucial para el rumbo de la causa. ¿Hay indicios suficientes para procesar al fiscal general por revelación de secretos o no hay otra salida que archivar la causa?

Antes de esa decisión, el instructor escuchará el 16 de mayo el testimonio de los agentes de la UCO autores del informe sobre el material intervenido en el registro del despacho de Pilar Rodríguez y, una semana después, el día 23, acudirá como testigo al Supremo González Amador, después de que la Fiscalía consiguiese que la Sala de lo Penal le diese la razón ante la negativa de Hurtado a que testificase.

Abogacía del Estado y Fiscalía, en contra

A tenor del rumbo de la investigación, respaldada en todo momento por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -que avaló también la actuación más determinante de la instrucción, el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre-, todo parece indicar que el magistrado sí ve motivos suficientes para acercar al fiscal general al banquillo, dictando el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y abriendo así la fase en la que las acusaciones -además de la Fiscalía, la que ejerce como perjudicado González Amador y las cinco acusaciones populares- podrán presentar, en su caso (la Fiscalía, alineada con García Ortiz durante todo el procedimiento, pedirá el archivo llegado el momento), sus solicitudes de condena antes de que la Abogacía del Estado, en representación del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cumplimente sus escritos de defensa.

Fuentes de las acusaciones populares lo tienen claro. Incluso sin haber podido acceder a los mensajes eliminados por García Ortiz -que justificó en un protocolo interno de protección de datos por motivos de seguridad- consideran que los indicios contra el fiscal general son concluyentes. "Hay mucha prueba", apuntan. Muy al contrario, ni la Abogacía del Estado ni la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de la Fiscalía y persona de máxima confianza de García Ortiz, ven motivos para otra cosa que no sea el archivo. Y así lo han puesto de manifiesto a Hurtado en reiterados escritos que hasta ahora han caído en saco roto.

Indicios "suficientes"

Ya el pasado febrero, Hurtado se reafirmó -al avalar su citación como investigado- la existencia de indicios suficientes contra García Ortiz por la filtración del correo del 2 de febrero del pasado año en el que el novio de Ayuso, a través de su abogado, admitía al fiscal del caso, Julián Salto, el fraude fiscal y se mostraba dispuesto a llegar a un acuerdo de conformidad. Según expuso entonces el magistrado, lo "determinante para dirigir el procedimiento" contra los dos investigados es que a lo largo de la instrucción han aflorado "elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración, a las 23:51 horas del día 13 de marzo de 2024 en la SER, de la información contenida en ese correo de 2 de febrero de 2024, que recoge datos personales tan íntimos y privados".

La investigación judicial, puso de relieve, ha permitido "concretar la implicación" en la filtración de ambos. En el caso de Pilar Rodríguez (cuyos mensajes con García Ortiz sí puedo analizar la UCO tras la incautación de su móvil) por su "por su "relevante participación" para que la noche del 13 de marzo de 2024 el fiscal general recibiese ese correo del 2 de febrero. Y en el caso del máximo representante del Ministerio Público, Hurtado subrayaba "los indicios que apuntan al interés que mostró por hacerse con el correo de 2 de febrero de 2024, y el hecho de que, cinco minutos después de "cerrar el círculo" (en sus propias palabras reclamando a Pilar Rodríguez ese correo clave), fuese "filtrado su contenido en un medio de comunicación".

Del cruce de mensajes entre García Ortiz y Pilar Rodríguez el instructor deduce el "interés" del primero en conseguir ese correo (la fiscal jefe de Madrid se lo reclamó insistentemente a Julián Salto, que se encontraba esa noche en el Metropolitano en un partido de Champions del Atlético de Madrid), que vincula con "la inmediata filtración, una vez reunida la información que buscaba", lo que le llevó a concluir que fue él "quien lo filtrase".

Quiebra de la "confidencialidad"

Hurtado ha ceñido en sus resoluciones el objeto del delito de revelación de secretos que, según entiende, se habría cometido en este caso en relación a la información "sensible" intercambiada en el seno de las negociaciones entre un fiscal y un abogado, sometida a "criterios de confidencialidad, que, si se quiebran, pueden entrañar una importante merma para el derecho de defensa". Una apreciación que comparte el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), lo que llevó a su decano, Eugenio Ribón, a impulsar una querella por estos hechos.

De ese deber de confidencialidad, ha recalcado el juez, la Fiscalía es especialmente garante en cumplimiento del Estatuto Orgánico que regula su actuación. Algo que, en su opinión, no habría sido observado por los dos investigados.

Pese a que tanto la UCO como el instructor sitúan a García Ortiz en el epicentro de la filtración, la Abogacía del Estado y la Fiscalía no ven ninguna prueba contra él. En su última petición de archivo, la teniente fiscal del Supremo insistía en el hecho de que el correo supuestamente divulgado por García Ortiz "estaba en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad" a que tanto el fiscal general como Pilar Rodríguez tuvieran conocimiento del mismo.

No obstante, lo cierto es que hasta ahora la Sala de lo Penal ha respaldado a Hurtado, que además ha reprochado al fiscal general (como también lo ha hecho la Sala) su falta de "colaboración" al eliminar sus mensajes (que habrían permitido disponer de la secuencia completa de comunicaciones en la noche del 13 de marzo y en los días previos) y cambiar de móvil una semana después de hacerse pública su condición de investigado en el Tribunal Supremo.

Con esos mimbres, en todo caso, Hurtado tiene que decidir si continúa adelante con el procedimiento -como todo apunta que hará- o acuerda el archivo por no apreciar indicios suficientemente robustos para procesar al fiscal general por revelación de secretos.