Ribón dice al juez que García Ortiz le conminó a cerrar filas con la Fiscalía tras sus quejas por la nota sobre el novio de Ayuso

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha explicado al juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos por la revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, que en su reunión con Álvaro García Ortiz el 15 de marzo del año pasado se le instó a firmar un comunicado conjunto con el Ministerio Público descartando que la nota de la Fiscalía que sobre las negociaciones con el empresario Alberto González Amador vulnerase el secreto profesional y el derecho de defensa. Según fuentes jurídicas, Ribón -que ha declarado como testigo- ha recordado que el mismo 14 de marzo -después de que una nota de la Fiscalía airease las conversaciones con la defensa de González Amador para desmentir el bulo de que el acuerdo de conformidad había partido del Ministerio Público y que el fiscal general lo había frenado por tratarse de la pareja de la presidenta madrileña- se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien le convocó a una reunión con García Ortiz al día siguiente, a la que asistió también (por videoconferencia) la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

En ese encuentro -en el que también estaba Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, junto a la propia Pilar Rodríguez (ambos imputados en este procedimiento) y otras dos personas más-, según el testimonio del testigo el fiscal general les pidió que hicieran público un comunicado conjunto con la Fiscalía descartando que la publicación de la nota -en la que el instructor no aprecia ahora conducta delictiva porque los datos ya se habían divulgado previamente en los medios- "hubiese socavado ningún principio fundamental del derecho", a lo que ambos se negaron.

El decano del ICAM ha contado que en esa reunión García Ortiz defendió "de forma categórica" que la nota de la Fiscalía de Madrid era necesaria para "desmentir un bulo" y reprochó a Ribón el comunicado del Colegio de la Abogacía de Madrid en el que denunciaba la vulneración del derecho de defensa y del deber de confidencialidad de las conversaciones entre la Fiscalía y un abogado en el marco de las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad (que implica una rebaja en la petición de pena a cambio de admitir la conducta ilícita imputada, en este caso un fraude tributario).

Según esas mismas fuentes, en la comparecencia de Ribón se han producido varios rifirrafes con las defensas después de que la Abogacía del Estado haya anunciado que aportará documentos al instructor para demostrar que lo ocurrido en el caso de González Amador no ha afectado a los pactos de conformidad alcanzados por la Fiscalía en el último año, algo que ha negado el decano del ICAM, que ha defendido la incidencia de esa quiebra de confianza en esos acuerdos a posteriori. De hecho, señalan, el magistrado Ángel Hurtado ha tenido que intervenir, "con una cierta vehemencia", hastiado ante la actitud de las defensas. "Ya está bien, esto no es ni medio normal", ha llegado a exclamar según fuentes presentes en el interrogatorio.

Al comienzo de su comparecencia, Ribón se ha explayado acerca del deber de confidencialidad que preside las negociaciones para intentar cerrar un pacto de conformidad, hasta el punto de que el instructor ha intervenido para precisar que su exposición tenía más carácter de pericial que de testifical.

Hurtado citó a declarar a Ribón al considerar pertinente su testimonio dado que a raíz de los hechos investigados entiende que "pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva", así como "derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa". El ICAM, que ejerce la acusación popular, denunció los hechos mediante la presentación de una querella ante el TSJ de Madrid, tras la cual resultaron imputados Pilar Rodríguez y el fiscal del caso, Julián Salto (posteriormente apartado del procedimiento).

Antes de la declaración como testigo, Ribón ha reiterado a las puertas del alto tribunal que "el secreto es un derecho que no pertenece al abogado, pertenece al ciudadano, y su vulneración es un ataque al Estado de Derecho y a la tutela judicial efectiva". El decano del ICAM ha explicado que "aquí el Colegio lo que está defendiendo es uno de los pilares esenciales del derecho de la defensa, que es el secreto profesional". El Estatuto General de la Abogacía -ha recordado- obliga a los letrados a la custodia del secreto profesional, al tiempo que la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que las conversaciones entre los defensores de las partes "son absolutamente confidenciales, incluso en fase extrajudicial". "Sin abogados libres e independientes, sin secreto profesional, la justicia deja de ser justicia", ha defendido.

Ribón explicó a LA RAZÓN en una entrevista publicada el pasado 16 de diciembre que tras la divulgación de esos datos reservados, que le hicieron incluso dudar de la autenticidad de la nota de la Fiscalía, "para corroborar su veracidad" se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien a través de un mensaje le pidió "tener una conversación informal", en el curso de la cual le preguntó "si la nota es veraz y si son conscientes de la trascendencia de su publicación, recordando que esto estaba despertando, como no podía ser de otra manera, los fantasmas de la intervención de comunicaciones de Garzón" (que culminaron con la condena por prevaricación del entonces juez de la Audiencia Nacional por autorizar las escuchas de las conversaciones en prisión de los principales cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados).

"La relación entre un cliente y un abogado se basa en la confianza y, también, en el secreto de esas comunicaciones -explicó al respecto al decano del ICAM-. Y la revelación por parte de la Fiscalía socava el derecho de defensa, que es la piedra angular del Estado de derecho. El secreto profesional no solo es un derecho del abogado, sino que es una garantía del ciudadano y del sistema judicial. Por lo tanto, dinamitar ese principio básico de nuestra Constitución equivale a deshacer los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Rodríguez le convocó a una reunión al día siguiente con el propio fiscal general para intentar calmar las aguas (como así consta en los mensajes del móvil intervenido a Rodríguez). En esa reunión con García Ortiz, señaló Ribón en esa entrevista, "prácticamente se reprochaba la actuación de la Abogacía defendiendo la atípica divulgación de la Fiscalía y eso nos llevó a tomar medidas" (presentando una querella)

Para el decano del ICAM la divulgación de esos datos confidenciales de la investigación supone "la ruptura de un principio básico en el derecho de defensa que es el secreto profesional", por lo que el Colegio "no tuvo otra alternativa que, cumpliendo con sus fines, defender el Estado de derecho y presentar la correspondiente denuncia" ante la "extrema gravedad" de esa divulgación, que según el ICAM "dinamita las posibilidades de negociación entre las partes, que en ese momentos son aproximaciones para valorar un posible acuerdo". Un acuerdo que una vez hechas públicas esas conversaciones, resultaba "imposible" -insistía- "porque la confianza se ha roto y, por lo tanto, el procedimiento queda viciado".