Una nueva investigación de corrupción se cierne sobre las filas del PSOE. El foco de este caso se centra en la gestión de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. El procedimiento sigue su curso y el juez que practica la instrucción ha citado como investigado al concejal socialista Alberto Blázquez, según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Un dirigente local que forma parte de las filas del PSM que dirige Óscar López.

Los primeros pasos de este procedimiento se dieron el pasado mes de enero cuando este medio publicó que la UDEF de la Policía Nacional había registrado la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares en busca de contratos de la etapa socialista. Precisamente, el responsable de Deportes de esta legislatura era Alberto Blázquez.

En la actualidad, Blázquez es edil en la oposición del PSOE pero también miembro de la Comisión de Ética y Garantías del PSM de la renovada agrupación socialista cuando tomó el mando Óscar López. Este político ha desarrollado casi toda su trayectoria en territorio alcalaíno aunque también es miembro del Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid.

Además, en sus redes sociales es muy activo y critica de forma continuada a Isabel Díaz Ayuso y ensalza los méritos de Pedro Sánchez. Es más, tiene unas cuentas fotografías con el presidente del Gobierno cuando en alguna ocasión ha visitado su municipio. Ahora, varios años después, su etapa en el Gobierno local se encuentra en duda.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares ha dictado un auto por el que acuerda imputar formalmente a este concejal por unas presuntas irregularidades en la gestión del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal del Ayuntamiento complutense, según el documento al que ha tenido acceso este medio. Los hechos se remontan a la pasada legislatura.

El procedimiento, incoado inicialmente en octubre de 2024, investiga la presunta comisión de delitos aún sin especificar y afecta también a dos altos cargos técnicos del organismo municipal: E. R. S., jefe administrativo de Personal, Contratación y Compras, y Á. S B, coordinador de Instalaciones Deportivas. Aunque los delitos están sin calificar por parte del juez, los informes de la UDEF apuntan indicios de presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.

La jueza instructora, María Belén Pérez Salido, ha acordado prorrogar el plazo de la investigación judicial durante seis meses más, hasta el 18 de marzo de 2026, al constatar que todavía no se han podido practicar diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos.

El concejal socialista investigado

Entre ellas, destaca la recepción de los informes del Grupo 26 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que analiza la documentación remitida por el propio organismo autónomo municipal. Dichos informes resultan determinantes para delimitar el objeto del procedimiento y decidir nuevas diligencias.

Además, el auto fija para el próximo 14 de octubre de 2025 a las 10:15 horas la declaración judicial en calidad de investigados de los tres señalados, entre los que se encuentran el propio Blázquez, quien fue vicepresidente de la Ciudad Deportiva Municipal durante el anterior mandato del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

En la causa están personados como acusación particular el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, y como acusación popular el partido Vox. Ambas, solicitaron la ampliación del plazo de instrucción, que también fue respaldada por el Ministerio Fiscal, al considerar imprescindible contar con los informes de la UDEF antes de poder concluir la investigación.

La UDEF de la Policía Nacional investiga presuntas irregularidades en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares durante las dos últimas legislaturas, con gobiernos del PSOE. El trabajo de los agentes se centra en la contratación y los nombramientos del ente público en el periodo en que Javier Rodríguez Palacios, hoy diputado socialista en el Congreso, era alcalde de la ciudad y presidente del organismo bajo sospecha.

La UDEF en Alcalá de Henares

Los investigadores aprecian presuntamente indicios de delito en la contratación de las máquinas de vending de la Ciudad Deportiva y en adjudicaciones a cinco empresas, sin que se hayan justificado debidamente los servicios prestados. La Policía realizó un primer registro en las dependencias municipales el pasado 8 de enero, en el marco de las pesquisas abiertas por presunta prevaricación y malversación. Desde esa entrada inicial, la Policía Judicial ha acudido en al menos cuatro ocasiones más a la Ciudad Deportiva a recabar información, la última el pasado viernes.

Las supuestas irregularidades afectarían a una parte importante de los contratos del ente público, así como a algunos nombramientos. La juez quiere conocer las designaciones y el trabajo realizado por estos dos técnicos municipales desde el 1 de enero de 2018, periodo que abarca tanto la presidencia de Rodríguez Palacios como la de Blázquez, que asumió el cargo en el último tramo de la legislatura tras ejercer como vicepresidente.

La implicación de ambos, no obstante, está todavía por determinar, y hasta la fecha no hay ningún investigado más allá de los tres ya citados. La Fiscalía ha respaldado las actuaciones desarrolladas hasta ahora. Así, la investigación se inició el pasado verano, tras una denuncia del actual presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Víctor Acosta, quien alertó de la desaparición de cierta documentación sensible en el ente. Aunque el material extraviado apareció, sirvió a la Policía para abrir sus indagaciones, según las fuentes consultadas

No obstante, estos no son los únicos contratos bajo sospecha de la etapa del PSOE en Alcalá. El Ayuntamiento impulsó el año pasado una comisión de investigación tras detectar adjudicaciones a dedo a familiares de dos concejales socialistas, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, por valor de 40.000 euros en la pasada legislatura. Fuentes municipales aclaran que esperarán a las conclusiones de dicha comisión para decidir si acuden a los tribunales.