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Investigan por estafa a un diputado del PSE y a García Hidalgo, ex director de la Policía

Juan Carlos Prieto, actual diputado del PSE y ex secretario general de los socialistas vascos en Álava
Juan Carlos Prieto, actual diputado del PSE y ex secretario general de los socialistas vascos en Álavalarazon

La Fiscalía les acusa de facturar al PSOE casi 50.000 euros en obras para seguridad en sedes, «que parece» que no se hicieron.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco investigará al diputado del Partido Socialista de Euskadi y ex secretario general del partido en Álava Juan Carlos Prieto San Vicente y al ex director general de la Policía y secretario de organización del PSE en esa misma provincia Víctor García Hidalgo por un delito de estafa y otro de falsedad documental, relacionados con el presunto cobro de casi 50.000 euros por unas obras realizadas por la empresa de Prieto y que, al parecer, no se realizaron. El pago de esas facturas se habría realizado, según la denuncia de la Fiscalía, que ha sido admitida a trámite, con cargo a las partidas asignadas al PSOE para gastos de seguridad. El instructor de la causa será el magistrado Antonio García, quien, si la decisión de la Sala y Penal del TSJV se confirma, pues todo hace indicar que será recurrida por los afectados, les citará a declarar como imputados como primera diligencia, tal como solicita la Fiscalía en su denuncia. García Hidalgo era el principal responsable de la Policía cuando se produjo el «caso Faisán», relacionado con un chivatazo a ETA que impidió una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista en el año 2006.

Este procedimiento se inició por una denuncia anónima remitida por correo a la Fiscalía de Álava, donde se incluía documentación interna del PSE de esa provincia sobre pagos realizados por ese partido entre los años 2010 y 2011 a una empresa propiedad de actual diputado vasco Prieto San Vicente. Tras el análisis pertinente de la documentación recibida, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que había indicios de la presunta comisión de un delito de estafa, en el que el perjudicado sería el PSOE, por lo que el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calpasoro, interpuso la correspondiente denuncia ante el TSJ de esa comunidad autónoma, dada la condición de diputado en la Cámara de Vitoria de uno de ellos, Juan Carlos, «Txarli», Prieto San Vicente.

En esa denuncia se señala que, presuntamente, entre los años 2010 y 2011, una empresa de construcción de Prieto facturó al PSOE algunas obras en locales y sedes del partido en Álava, «que parece que no se corresponden a trabajos efectivamente realizados». En concreto, alude a dos facturas, una por valor de 19.501,72 euros, «por reparación de seguridad en la sede del PSE de Rivabellosa», y otra de 29.971,71 euros, «por reparación de seguridad en sedes del PSE-EE en Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra». Sin embargo, señala la Fiscalía, existen indicios «de que no se corresponden a trabajos efectivamente realizados». De acreditarse esos hechos, añade, el perjudicado hubiese sido el PSOE , «que se habría visto privado de disponer de esas cantidades para otras necesidades de seguridad».

Se aprovechó del cargo

Para poder realizar esas facturaciones, Prieto «se aprovechó» de que entonces era secretario general del PSE en Álava; mientras que las decisiones sobre contratación de las obras y el trámite para su pago las realizaba conjuntamente con el secretario de organización, Víctor García Hidalgo, quien mantiene el cargo en la actualidad. Ambos eran los que decidían y determinaban «las necesidades de seguridad y de los trabajos y empresas que las iban a realizar».

En la resolución de la Sala se señala que «no es posible descartar» que los hechos denunciados por la Fiscalía «pudieran revestir carácter de delito. Además, destaca cómo el propio Txarli Prieto reconoció en su declaración ante el fiscal, en relación a la factura de 29.971,71 euros, que la misma fue emitida «por anticipado, en diciembre de 2011, para no perder la asignación de ese año», la que concedía Interior a los partidos para medidas de seguridad. Si a ello, añade la resolución judicial, se une que, dado el cargo que ostentaba, le facilitaba la toma de decisiones sobre contratación de obras y el trámite para su pago, «conjuntamente con el secretario de organización, Víctor García Hidalgo, al parecer, provocó el acto de disposición» de esas dos cantidades, «con cargo a la cuenta del PSOE».