Juan Carlos I, Rey padre

Aunque desde hace tiempo había rumores, y toda clase de cábalas, la noticia ha sorprendido a toda la opinión pública, debiendo suponerse que el estado físico y de ánimo del Rey no pasa por sus mejores días, y que, por ello mismo, ha tomado la gran decisión de transferir sus responsabilidades a quien podrá reinar con el título de Felipe VI.

Debemos recordar que en los últimos quinientos años hubo una primera abdicación, de Carlos I de España y V de Alemania, en Bruselas, a caballo entre los años 1555 y 1556, cuando dejó los reinos de España y las Indias a su hijo Felipe II, y el gobierno del Imperio a su hermano Fernando, que sería designado «káiser» ulteriormente. Después, estuvo la abdicación de Felipe V en 1724, a favor de su hijo Luis, si bien, pocos meses después hubo de reasumir sus funciones de Rey, por la defunción de su heredero.

Las siguientes abdicaciones tuvieron un signo rallando en lo miserable: las de Bayona (1808), cuando bajo la presión del «Gran Corso», el indeseable Fernando VII abdicó en su padre Carlos IV, éste en Napoleón, y el emperador de los franceses en su hermano José Bonaparte, rey intruso de la inmensa mayoría de los españoles.

La historia relacionada con los cambios anómalos en la dinastía borbónica no acaba ahí. Isabel II fue destronada por la revolución de septiembre de 1968 (Prim, Serrano, Topete, «España con honra»), y Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, abandonó el país tras las elecciones del 12 de abril de 1931, sin abdicar «para evitar el derramamiento de sangre entre los españoles»; que luego se produciría, elevado a la enésima potencia, con la guerra civil.

Por lo tanto, el hecho que comentamos, siendo inusitado en muchos aspectos, no es una tremenda novedad en nuestra historia. Y en esta hora, esperando el desarrollo de los acontecimientos –sobre todo la Ley Orgánica que debe desarrollarse rápidamente según el artículo 57 de la Constitución—, cabe hacer un balance muy provisional de lo que ha sido el reinado de Juan Carlos I, en el que hay activos y pasivos, si bien mucho más de los primeros que de los segundos. Porque desde el principio –y yo lo sé desde 1968, cuando conocí al ya abdicante rey en su paso por el Ministerio de Comercio, donde yo trabajaba como Técnico Comercial del Estado—, se vio claramente que no pensaba reinar con los inmensos poderes que le transmitieron las Cortes Orgánicas de Franco en 1975. Desde ese momento, quiso ser «Rey de todos los españoles» y, personalmente, viabilizó el paso a la democracia, a partir del momento en que Adolfo Suárez, designado por él presidente del Gobierno, puso en marcha la reforma política, que abriría el cauce a la Constitución de 1978.

En resumen, puede decirse que el Rey no sólo permitió sino que impulsó, con todas las fuerzas políticas democráticas, una radical transformación de España, desde una dictadura a una «democracia avanzada» en su planteamiento constituyente. Y desde 1978, ya como monarca constitucional, ha permanecido fiel a la Carta Magna en todo momento.

Se abre hoy un nuevo capítulo en la historia de España con el próximo nombramiento de Felipe VI. Y personalmente creo que estamos ante una transición –no sin problemas y dificultades de todas clases— con una persona muy formada para las responsabilidades que deberá asumir. El todavía Príncipe de Asturias habla los principales idiomas, tiene unos conocimientos jurídicos y económicos muy razonables, ha convivido con las Fuerzas Armadas a fondo, y ha ganado experiencia en las más diversas facetas de su actividad, incluyendo señaladamente sus 56 viajes a Hispanoamérica, para estar presente en el nombramiento de los presidentes de nuestras repúblicas hermanas.

En la hora presente, puede decirse que Juan Carlos I ha sido un buen Rey constitucional, y que, en frase de Don Pedro Calderón de la Barca, «si erró en lo menos, acertó en lo principal». Y ante la perspectiva constitucional del futuro jefe del Estado, creo que todos los españoles de bien tendrán que contribuir a que la designación del nuevo Rey se haga en las condiciones más normales que permite nuestra Ley de Leyes.